La noticia de las imputaciones a Enrique Cresto, Juan Domingo Orabona y al funcionario Fernando Barboza, junto a otros exdirectivos del IAPSER y exfuncionarios municipales, marca un nuevo capítulo en la larga saga de la causa de los seguros en Entre Ríos. Lo que se investiga no es un detalle administrativo menor: se trata de presuntas maniobras de fraude contra el Estado y de negociaciones incompatibles con la función pública, que habrían desviado recursos públicos en beneficio de intermediarios privados.
La gravedad del caso no reside únicamente en los nombres involucrados —exintendentes, expresidentes de organismos estatales, funcionarios en ejercicio— sino en el impacto institucional que genera. Cada imputación erosiona un poco más la confianza ciudadana en las estructuras de gobierno, en la transparencia de la gestión y en la ética de quienes ocupan cargos públicos.
El espejo de la política entrerriana
La solicitud de renuncia a Barboza en el Ministerio de Gobierno es un gesto que intenta marcar distancia, pero también expone la fragilidad de los filtros institucionales: ¿cómo es posible que alguien bajo sospecha ocupe un cargo estratégico hasta que la justicia lo imputa? La política entrerriana parece moverse siempre detrás de los hechos, reaccionando tarde, cuando el daño a la credibilidad ya está consumado.
La presencia de Cresto en la lista de imputados es particularmente simbólica. Exintendente de Concordia, figura con proyección provincial, su nombre se suma a un expediente que desnuda la continuidad de prácticas opacas en distintos niveles de gobierno. Lo mismo ocurre con Orabona y Proske, expresidentes del IAPSER, un organismo que debería ser sinónimo de garantía y confianza, pero que aparece señalado como epicentro de irregularidades.
La dimensión social
La ciudadanía entrerriana asiste a estos procesos con una mezcla de indignación y resignación. Indignación porque cada caso de corrupción implica recursos que no llegan a hospitales, escuelas o infraestructura básica. Resignación porque la repetición de escándalos parece haber instalado la idea de que la corrupción es un mal inevitable, parte del paisaje político.
Sin embargo, aceptar esa resignación sería un error. La justicia tiene la responsabilidad de avanzar con celeridad y transparencia, pero la sociedad también debe exigir controles más estrictos, auditorías permanentes y rendición de cuentas real. La democracia no se sostiene solo con elecciones, sino con instituciones que funcionen y con ciudadanos que no se conformen con la mediocridad.
Una oportunidad para recomponer
La causa de los seguros puede convertirse en un punto de inflexión. Si la justicia logra esclarecer responsabilidades y sancionar a los culpables, se enviará un mensaje claro: la impunidad no es eterna. Pero si el caso se diluye en tecnicismos, chicanas y demoras, será otro golpe a la confianza pública.
La política entrerriana tiene aquí una oportunidad: recomponer la relación con la sociedad a través de gestos concretos de transparencia, de apartar a los sospechados, de abrir los libros de cuentas y de garantizar que los recursos públicos se administren con la seriedad que merecen.
Conclusión
La causa de los seguros no es solo un expediente judicial: es un espejo que refleja las debilidades estructurales de la gestión pública en Entre Ríos. La ciudadanía merece instituciones que cuiden sus recursos y dirigentes que honren la confianza depositada en ellos. La justicia tiene la palabra, pero la sociedad también: no resignarse, exigir, recordar y reclamar. Porque la memoria cívica es la mejor herramienta contra la corrupción.
