La megacausa de las Coimas que involucra al exgobernador Sergio Urribarri atraviesa una situación inédita y alarmante: el Poder Judicial de Entre Ríos no logra conformar el tribunal que debe juzgarlo por segunda vez. Ocho de los nueve jueces del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná han sido apartados o se han excusado, generando un vacío institucional que pone en evidencia las tensiones internas del sistema judicial y la fragilidad de sus mecanismos de funcionamiento.
El último en rechazar su participación fue el juez Rubén Chaia, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, quien cuestionó duramente su inclusión en el proceso. Chaia denunció que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), un órgano administrativo del Superior Tribunal de Justicia, no tiene facultades para decidir la integración del tribunal mediante resoluciones administrativas, ya que ello vulnera el principio del “juez natural”. Su postura no solo expone un conflicto de competencias, sino que también siembra dudas sobre la legitimidad del procedimiento.
La seguidilla de excusaciones y apartamientos revela un entramado complejo: varios magistrados fueron excluidos por haber intervenido previamente en distintas etapas del proceso, ya sea como jueces de garantías, fiscales o vocales en juicios abreviados. Esta situación, aunque legalmente justificada, deja al descubierto una estructura judicial que no logra garantizar la continuidad de los procesos más sensibles.
La causa contra Urribarri no es menor. Ya fue condenado a ocho años de prisión en el megajuicio anterior, y ahora enfrenta un nuevo proceso con un pedido fiscal de diez años. La demora en la conformación del tribunal no solo afecta el curso de la justicia, sino que también erosiona la confianza pública en la capacidad del Poder Judicial para actuar con independencia y eficacia frente a casos de corrupción de alto perfil.
La crisis actual exige una respuesta institucional clara. No se trata solo de resolver una integración circunstancial, sino de revisar los procedimientos que permiten —o impiden— que los jueces actúen con autonomía y que los procesos judiciales avancen sin interferencias. La garantía del debido proceso, el respeto por el juez natural y la transparencia en la designación de magistrados son pilares que no pueden ser negociados.
La causa Urribarri se ha convertido en un espejo incómodo para la justicia entrerriana. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de un exgobernador, sino la credibilidad de todo un sistema. Y esa credibilidad se construye —o se pierde— en cada decisión que se toma, o que se posterga.
La causa Urribarri sin tribunal: una crisis judicial que pone en jaque el sistema
