La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. La decisión del máximo tribunal, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó el fallo dictado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que había encontrado a la ex mandataria culpable del delito de administración fraudulenta en la obra pública.
El fallo de la Corte Suprema desestimó los recursos presentados por la defensa de Kirchner, dejando firme la sentencia. Como resultado, la ex presidenta deberá cumplir prisión domiciliaria, una medida que será evaluada en las próximas horas por las autoridades judiciales. Además, la condena la inhabilita de manera definitiva para ocupar cargos públicos, lo que significa que no podrá postularse en las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se especulaba que podría competir.
La causa Vialidad investigó el presunto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas de manera sistemática al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Según la Justicia, estas contrataciones estuvieron marcadas por sobreprecios, licitaciones amañadas y trabajos inconclusos. Uno de los documentos clave en la investigación fue el Decreto 54/2009, que habilitó transferencias millonarias a Vialidad Nacional sin los controles habituales. Según los jueces, parte de esos fondos terminó en empresas vinculadas a la familia Kirchner.
El fallo también afecta a otros exfuncionarios de alto rango. La Corte Suprema ratificó las condenas contra Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, todos con penas de seis años de prisión. La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado estas condenas en noviembre de 2024, rechazando los intentos de la defensa de revertir la sentencia.
Tras conocerse la decisión, sectores kirchneristas expresaron su repudio. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sostuvo que «la Corte actúa bajo la presión del gobierno de Milei», mientras que dirigentes de La Cámpora advirtieron que «esto va a generar una reacción popular». En tanto, la defensa de Cristina Kirchner anunció que solicitará prisión domiciliaria, y se especula que podría cumplir la pena en su departamento en el barrio de Constitución o en su residencia en Río Gallegos, Santa Cruz.
La decisión de la Corte Suprema marca un precedente histórico, convirtiendo a Cristina Fernández de Kirchner en la primera ex presidenta argentina con una condena firme por corrupción. La sentencia también podría tener un impacto significativo en el escenario político nacional, especialmente en el peronismo, que enfrenta un proceso de reconfiguración tras la llegada de Javier Milei al poder.
