En Entre Ríos, el debate por los salarios de las fuerzas de seguridad y del personal retirado vuelve a instalarse con fuerza. Desde distintos sectores vinculados a policías y penitenciarios retirados advierten que existe una profunda brecha entre lo que establecen las normas vigentes y lo que efectivamente perciben quienes dedicaron décadas de servicio al Estado provincial.

El reclamo gira en torno a un punto central: el cumplimiento de la Ley Nº 5654/75 y del sistema de puntos índice que históricamente sirvió como base para determinar los salarios del personal policial y penitenciario. Según sostienen los referentes del sector, el problema no radica únicamente en los montos actuales de los haberes, sino en la falta de aplicación plena de una estructura salarial que, afirman, continúa vigente y debería respetarse para garantizar la proporcionalidad entre las distintas jerarquías de la fuerza.

La discusión cobra especial relevancia cuando se analiza la situación de quienes alcanzaron los máximos escalones de la carrera policial. Un Suboficial Mayor en actividad representa el último peldaño dentro del personal subalterno y acumula la mayor cantidad de años de servicio, experiencia y responsabilidades que permite la carrera. Para los sectores que impulsan el reclamo, esa trayectoria debería reflejarse de manera clara en los haberes percibidos.

La controversia también involucra el régimen previsional. En Entre Ríos continúa vigente el principio del 82% móvil para el sector, razón por la cual cualquier mejora salarial otorgada al personal en actividad tiene impacto directo sobre los retirados. Allí es donde surge uno de los principales cuestionamientos de las entidades que representan a ex integrantes de las fuerzas de seguridad.

Según plantean, cuando se trata de aplicar determinadas obligaciones legales o administrativas, el Estado exige el cumplimiento estricto de las normas. Sin embargo, sostienen que esa misma rigurosidad desaparece cuando los reclamos están vinculados a mejoras salariales o al reconocimiento de derechos previsionales. Esa percepción alimenta un creciente malestar entre quienes consideran que existe una deuda histórica con el sector.

Los representantes de retirados y pensionados recuerdan además que el sistema previsto por la Ley 5654 establece una escala basada en puntos, donde cada jerarquía posee una valoración específica. La finalidad de ese esquema era garantizar proporcionalidad y evitar distorsiones entre los distintos grados de la estructura policial.

De acuerdo con esa lógica, las diferencias salariales no deberían quedar sujetas exclusivamente a decisiones políticas coyunturales, sino responder a un mecanismo transparente previamente establecido por la legislación. Los reclamantes sostienen que con el paso de los años esa relación se fue desvirtuando, generando desigualdades que impactan tanto en el personal en actividad como en los retirados.

La situación también abre una discusión más amplia sobre el reconocimiento que reciben quienes integran las fuerzas de seguridad. Policías y penitenciarios desarrollan funciones esenciales para el funcionamiento del Estado, muchas veces en contextos complejos, con altos niveles de exigencia y dedicación permanente. Por esa razón, desde el sector entienden que el debate salarial no debe limitarse a una cuestión económica, sino que involucra también el reconocimiento institucional hacia quienes construyeron toda una carrera al servicio de la comunidad.El reclamo impulsado por retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario de Entre Ríos pone sobre la mesa una discusión que trasciende los números. Se trata de la relación entre el Estado y aquellos trabajadores que durante décadas sostuvieron funciones fundamentales para la seguridad pública.

Cuando un sector considera que una ley no se aplica de manera integral, el problema deja de ser exclusivamente salarial y pasa a transformarse en una cuestión de confianza institucional. La credibilidad de las normas depende justamente de que sean respetadas y ejecutadas con la misma firmeza para todos los casos.

La demanda de quienes reclaman no se resume únicamente en una mejora de ingresos. Lo que expresan es la necesidad de que los derechos reconocidos por una norma tengan efectiva vigencia y no queden sujetos a interpretaciones cambiantes según las condiciones económicas o las prioridades políticas de cada momento.

Porque para quienes pasaron toda una vida dentro de una fuerza de seguridad, la discusión no es solamente cuánto se cobra. La discusión es si el esfuerzo, la trayectoria y los derechos adquiridos reciben el reconocimiento que merecen. Como sintetiza la consigna que hoy impulsa el reclamo: “La dignidad no se negocia”.

Basin Alfredo Fabián
A.P.R.O.P.O.L.E.R.