El caso de Leonardo Airaldi ingresó en su tramo decisivo. En los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 14 años de prisión y el decomiso de la estancia El Mirador, ubicada en Las Cuevas, por considerar que el predio fue utilizado como parte de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.
La acusación sostiene que Airaldi no solo habría participado en maniobras vinculadas al narcotráfico, sino que habría utilizado bienes rurales para facilitar la logística de las operaciones. La estancia, según los fiscales, funcionaba como punto de acopio y tránsito de cargamentos, lo que la convierte en un elemento clave dentro del esquema criminal.
El pedido de decomiso marca un precedente importante: la Justicia busca avanzar no solo sobre las personas involucradas, sino también sobre los activos económicos que habrían servido para sostener la actividad ilícita. En ese sentido, la causa se inscribe en una línea de investigación que apunta a desarticular las estructuras patrimoniales del narcotráfico, más allá de las detenciones individuales.
La defensa de Airaldi, por su parte, insiste en que no existen pruebas directas que lo vinculen con el tráfico de drogas y que la utilización de la estancia responde a fines productivos. Sin embargo, los fiscales remarcaron la coincidencia entre los movimientos detectados y las fechas de operaciones previas en la región.
El proceso judicial se acerca a su desenlace y promete ser uno de los fallos más resonantes del año en materia de narcocriminalidad en Entre Ríos. La decisión del tribunal no solo definirá el futuro de Airaldi, sino también el alcance de la política judicial frente al uso de bienes rurales en delitos federales.
