El interventor del IOSPER, Mariano Gallegos, confirmó que el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos remitió al Procurador General, Jorge García, la documentación relevada por la Comisión Fiscalizadora del organismo. La medida busca que el Ministerio Público Fiscal determine si existieron delitos penales en el manejo de la obra social.
Desde diciembre, cuando se dispuso la intervención, se realizó un relevamiento exhaustivo que permitió detectar irregularidades graves, especialmente en el circuito de provisión de prótesis. Según Gallegos, se presume una connivencia entre prestadores y autoridades del IOSPER, lo que habría beneficiado a ciertos actores en perjuicio de la obra social.
El interventor destacó que, debido a la gravedad de los hallazgos, el Tribunal de Cuentas puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la documentación que podría configurar delitos contra la administración pública. Esto activa el proceso penal correspondiente, permitiendo que la Justicia investigue y determine responsabilidades.
Gallegos también señaló que el trabajo de la Comisión Fiscalizadora fue obstaculizado por las anteriores autoridades del IOSPER, quienes se negaron sistemáticamente a entregar la información requerida. Sin embargo, la intervención permitió el acceso completo a la documentación y sistemas informáticos del organismo, lo que facilitó la recopilación de pruebas objetivas que ahora están en manos de la Justicia.
El gobierno de Entre Ríos reafirmó su compromiso de transparentar el funcionamiento del IOSPER y garantizar que los recursos de los trabajadores estatales sean administrados con responsabilidad y eficiencia. Además, los hallazgos obtenidos refuerzan la necesidad de avanzar con el proyecto de ley para la creación de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), que busca mejorar la gestión y las prestaciones para los afiliados.
