La medida responde a amparos presentados por gremios como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes argumentaron que la intervención de fuerzas federales podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. El fallo establece que la Policía de la Ciudad será la encargada de garantizar la seguridad, respetando la autonomía local y delimitando claramente los objetivos federales bajo custodia.
En respuesta, Patricia Bullrich denunció al magistrado ante el Consejo de la Magistratura, acusándolo de mal desempeño y de exceder sus competencias como juez local. La ministra argumentó que la decisión se basa en hechos hipotéticos y futuros, lo que, según ella, constituye un abuso de poder.
La resolución judicial también enfatiza la importancia de garantizar la libre circulación y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales durante la movilización, en un contexto de creciente tensión entre las autoridades nacionales y locales.
¿Te gustaría ajustar algún detalle o incluir más información sobre los antecedentes del caso?