Un fallo de la Cámara Federal de Córdoba reavivó el debate sobre la responsabilidad estatal en los efectos adversos de las vacunas aplicadas durante la pandemia. El tribunal determinó que la muerte de una joven fue consecuencia de una trombosis asociada a la vacuna Sputnik V, y ordenó al Estado argentino indemnizar a la familia con una suma millonaria.
El caso, que se originó tras la denuncia de los familiares de la víctima, marca un precedente judicial de alto impacto. Los peritajes médicos concluyeron que existía una relación causal entre la aplicación del inmunizante y el cuadro trombótico que derivó en el fallecimiento. La sentencia reconoce el derecho de los damnificados a ser reparados económicamente por los daños sufridos.
El fallo se inscribe en el marco del programa de compensación por eventos adversos graves derivados de la vacunación contra el COVID‑19, establecido por ley en 2021. Hasta ahora, los reclamos habían sido tratados de manera administrativa, pero esta resolución judicial abre una nueva instancia de revisión sobre la actuación del Estado y los mecanismos de control sanitario.
La decisión judicial no cuestiona la eficacia general de la vacuna, sino la responsabilidad estatal ante casos excepcionales donde se demuestre un vínculo directo entre la aplicación y el daño. Sin embargo, el impacto mediático del fallo vuelve a poner en discusión la transparencia de los procesos de aprobación y seguimiento de los inmunizantes utilizados durante la emergencia sanitaria.
El Ministerio de Salud y la ANMAT aún no se pronunciaron oficialmente sobre la sentencia, mientras los abogados de la familia adelantaron que solicitarán la ejecución inmediata del pago. La causa podría convertirse en un precedente clave para futuros reclamos vinculados a efectos adversos de vacunas aplicadas en el país.
