Editorial
La reciente decisión judicial que autoriza al régimen de Javier Milei a dar continuidad a la represión y persecución mediante las Fuerzas Federales marca un retroceso alarmante en materia de derechos humanos en Argentina. No se trata solo de un fallo legal: es la institucionalización del trato inhumano hacia civiles, periodistas y sectores de la sociedad que se manifiestan pacíficamente.
La represión ya ha dejado heridos y víctimas de violencia ilegal. La Justicia, en lugar de proteger a los ciudadanos, parece blindar el abuso de poder. Este aval judicial erosiona la confianza en las instituciones y pone en riesgo el derecho fundamental a la protesta social.
Información que llega a la redacción de Digital Top confirma que organismos de derechos humanos han rechazado enérgicamente esta medida, denunciando que busca limitar las reivindicaciones sociales y acallar las voces críticas.
La contradicción es brutal: mientras se proclama un discurso de libertad, se habilita la persecución de quienes ejercen esa libertad en las calles. La democracia no se sostiene con uniformes ni con palos, sino con respeto a la pluralidad y al derecho de cada ciudadano a expresarse sin miedo.
Este fallo judicial no solo hiere a los manifestantes, hiere a la República. La sociedad argentina debe preguntarse si está dispuesta a aceptar que la protesta sea criminalizada y que la represión se convierta en política de Estado. Porque cada golpe, cada herida y cada detención injusta son cicatrices que quedarán en la memoria colectiva.
Fuente
