Por Ariel sanchez
“El que roba, que vaya preso.” Esa frase, pronunciada por Javier Milei durante su campaña presidencial, no fue solo un eslogan. Fue una promesa que encendió esperanzas en millones de argentinos cansados de la impunidad, de los privilegios, de los pactos silenciosos entre poder y corrupción. Hoy, esa promesa está en jaque.
Las denuncias que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no son menores. Los audios filtrados, que involucran a Diego Spagnuolo —exdirector del organismo y exabogado personal del presidente—, hablan de presuntos pedidos de coimas, sobreprecios y favores políticos. Pero lo más grave no es solo lo que se escucha, sino a quiénes se menciona: Karina Milei, la hermana del presidente y figura clave en la estructura libertaria, y Eduardo “Lule” Menem, operador de confianza. Si estos nombres no son investigados con la misma rigurosidad que cualquier otro ciudadano, entonces el discurso de “borrón y cuenta nueva” se convierte en papel mojado.
Milei quiere creer —o al menos eso transmite— que sus allegados no tienen nada que ver. Pero las sospechas no nacieron con estos audios. Ya se venían denunciando presiones, pedidos de dinero para candidaturas y manejos poco claros en la interna de La Libertad Avanza. La motosierra, símbolo de recorte y limpieza, no puede quedarse sin nafta justo cuando hay que cortar lo más espeso: la corrupción enquistada en el corazón del poder.
Mientras tanto, la decepción crece. No entre los opositores, sino entre los propios votantes que apostaron por un cambio real. Gente que está haciendo sacrificios concretos —económicos, laborales, emocionales— para sostener un modelo que prometía transparencia y meritocracia. Si desde el poder se protege a los que traicionan esa confianza, el proyecto pierde sentido. No hay ajuste que valga si no se ajustan también las cuentas morales.
Y como si el escándalo no fuera suficiente, aparece otro elemento inquietante: la sospecha de que los audios podrían haber sido generados o manipulados por inteligencia artificial. Algunos medios ya negaron esa posibilidad, pero la sola idea de que se usen herramientas tecnológicas para encubrir o fabricar pruebas debería encender todas las alarmas. La verdad no puede depender de algoritmos, sino de investigaciones serias, independientes y transparentes.
Lo que está en juego no es solo un cargo ni una figura política. Es la credibilidad de un gobierno que prometió ser distinto. Si Milei quiere sostener su narrativa de lucha contra la corrupción, debe demostrar que nadie está por encima de la ley. Ni su hermana, ni sus aliados, ni sus funcionarios más cercanos. Porque si el que roba no va preso —sea quien sea—, entonces todo esto fue solo una puesta en escena.
La Argentina no necesita más promesas. Necesita hechos. Y necesita que la motosierra no se detenga justo cuando toca cortar lo que más duele.
La motosierra contra la corrupción: ¿se animará Milei a cortar donde más duele?
