La salud pública atraviesa un momento crítico. Los médicos de cabecera de PAMI, columna vertebral de la atención primaria de millones de jubilados, han decidido suspender sus prestaciones por 72 horas en rechazo a la resolución 1107/2026 que modifica el sistema de pagos. La medida, que comenzó este lunes, expone una tensión profunda entre la necesidad de garantizar calidad en la atención y la realidad de ingresos que, según denuncian, se han visto drásticamente recortados.
Los profesionales nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) advierten que la resolución fue adoptada sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril. Aunque se garantiza la atención de urgencias, el nuevo esquema pone en riesgo la continuidad del servicio. En medio de esta crisis, la información que llega a Digital Top refleja el impacto directo en la vida de los jubilados, quienes dependen de estos médicos para su cuidado cotidiano.
Hasta ahora, los honorarios se componían de un monto por cápita más adicionales por consultas presenciales, visitas domiciliarias y formación profesional. Con la nueva normativa, PAMI elevó la cápita de $980 a $2.100 por paciente, pero eliminó todos los ítems extra. Esto significa que ya no se pagarán las consultas presenciales: cada visita que antes se abonaba en $5.500 ahora queda absorbida en un pago fijo mensual de $2.100 por paciente, sin importar cuántas veces requiera atención.
Carlos Mulqui, secretario general de la Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba, lo explicó con crudeza: “Nos están obligando prácticamente a renunciar”. El sistema de médicos de cabecera, clave en la atención primaria, se vuelve insostenible. Los ingresos actuales no alcanzan para cubrir alquileres, servicios y personal, lo que amenaza con vaciar consultorios y reducir la cantidad de profesionales disponibles.
El cambio de reglas es evidente. Hasta marzo, cada médico cobraba $980 por afiliado, lo que en promedio representaba $686.000 mensuales. A eso se sumaban los adicionales por consulta, que podían elevar los ingresos a cerca de 2 millones. Con la nueva medida, el monto fijo mensual asciende a $1.470.000, pero sin extras, lo que implica una reducción significativa del ingreso real.
APPAMIA presentó una propuesta concreta: establecer una cápita de $6.500 como piso necesario para sostener la atención médica. Señalan que la resolución es un golpe directo a la calidad de la prestación, ya resentida por la falta de recursos. “Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico”, advierten, mientras evalúan iniciar acciones legales para frenar lo que consideran una medida inviable.
La editorial de hoy no busca solo describir cifras: pretende subrayar la gravedad de un conflicto que afecta a quienes más necesitan cuidados. Los jubilados, principales afiliados de PAMI, podrían quedar atrapados en un sistema debilitado, con menos médicos y menor capacidad de respuesta. La voz de los profesionales, amplificada en medios como Digital Top, es un llamado urgente a revisar políticas que, lejos de fortalecer la salud pública, la ponen en riesgo.
La lucha de los médicos de cabecera es también la defensa de la dignidad profesional. Porque detrás de cada número hay un consultorio que puede cerrar, un paciente que puede quedar sin atención, y un derecho que puede perderse. La salud no puede ser administrada como un simple ajuste contable: es un compromiso social que exige respeto, inversión y reconocimiento.
