El Concejo Deliberante de Concordia aprobó el proyecto del Ejecutivo municipal que disuelve la Comisión de Administración de Radio Ciudadana, la emisora pública local con más de dos décadas de historia. La decisión implica el cierre de la radio tal como se la conocía, y deja en el aire el destino de sus trabajadores, que serán “reubicados, reasignados o prescindidos”, según las necesidades del municipio.
La reacción no tardó en llegar. El MST-FITU repudió la medida, calificándola como “un ataque a la libertad de expresión” y exigió la reapertura de la emisora “con los micrófonos prendidos y que ningún trabajador quede en la calle”.
Una radio que no era solo una radio
Radio Ciudadana no era solo un medio. Era un espacio de pluralidad, de participación, de identidad barrial. Allí se escuchaban voces que no tienen cabida en los grandes medios: cooperativas, sindicatos, artistas locales, vecinos organizados. Era, en muchos sentidos, una caja de resonancia de lo que Concordia calla y lo que Concordia grita.
Ajuste con silenciador
El cierre se inscribe en una lógica de ajuste que excede lo presupuestario. Es también un ajuste simbólico: se recorta donde hay comunidad, se clausura donde hay disidencia. En tiempos donde el discurso oficial habla de eficiencia y modernización, apagar una radio pública es una forma de disciplinamiento. No solo se ahorra dinero: se ahorran preguntas incómodas.
¿Reubicación o desaparición?
La promesa de “reubicar” al personal es tan ambigua como inquietante. ¿Dónde se reubica a un periodista comunitario? ¿En qué oficina municipal cabe la tarea de amplificar voces populares? ¿Qué destino laboral puede tener quien trabajaba con el oído puesto en la calle?
El silencio como política
Cerrar una radio pública no es solo una decisión administrativa. Es una declaración de principios. Es decir que la palabra comunitaria no tiene lugar en el nuevo orden. Que el Estado ya no se reconoce como garante de la expresión popular, sino como gestor de recursos que deben rendir cuentas en Excel.
