Miel sin control: una advertencia sobre la trazabilidad alimentaria

La reciente disposición de la ANMAT que prohíbe la elaboración, venta y distribución de la miel “Los Meleros” en todo el país expone una falla grave en el sistema de control alimentario. Más allá de tratarse de un producto específico, lo que está en juego es la confianza del consumidor en la seguridad de lo que consume y la capacidad del Estado para garantizarla.
La investigación, iniciada por una consulta de la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAM), reveló que el producto carecía de los registros básicos exigidos por la normativa vigente: no contaba con Registro Nacional de Establecimiento (RNE), ni con Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), y el número Renapa declarado en la etiqueta no existía. Estos datos no son meros tecnicismos: son los pilares que permiten verificar la trazabilidad, la autenticidad y la inocuidad de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos.
La miel “Los Meleros” se presentaba como orgánica y certificada, apelando a un mercado que valora la calidad y el origen natural de los productos. Sin embargo, la falta de controles adecuados y la falsedad en la información declarada ponen en evidencia una vulnerabilidad que puede ser aprovechada por quienes operan al margen de la ley. La prohibición total, que alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, es una medida necesaria, pero también reactiva.
Este caso debe servir como punto de inflexión. La trazabilidad no puede ser una formalidad burocrática, sino una herramienta efectiva para proteger la salud pública. La articulación entre organismos como ANMAT, INAL y las direcciones provinciales de bromatología debe fortalecerse, y los controles deben ser más rigurosos y proactivos. La confianza en el sistema alimentario se construye con transparencia, fiscalización y sanciones ejemplares.
La miel, símbolo de lo natural y lo puro, no puede convertirse en un vehículo de riesgo por negligencia o fraude. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que cada etiqueta refleje una verdad verificable, y que cada alimento que se comercializa cumpla con los estándares que la sociedad exige y merece.