Paraná fue escenario de una fugaz visita del presidente Javier Milei en modo campaña, durante la cual adelantó que esta semana el ministro del Interior, Lisandro Catalán, llegará a la capital entrerriana para realizar junto al gobernador Rogelio Frigerio “importantes anuncios sobre Salto Grande”. La frase, escueta pero cargada de expectativa, abre una serie de interrogantes sobre qué tipo de medidas podrían comunicarse en medio de la veda electoral.
El abanico de temas pendientes con la represa binacional es amplio. Desde el uso del agua y el canal de navegación hasta las obras complementarias, pasando por el régimen de comercialización de energía y el reconocimiento de deudas históricas. Sin embargo, en el contexto actual, todo parece girar en torno a cuestiones estrictamente económicas, con impacto directo en las arcas provinciales.
El conflicto judicial ante la Corte Suprema
El punto más concreto y con mayores chances de ser abordado es el diferendo que mantiene la provincia de Entre Ríos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La demanda impulsada por Frigerio se basa en dos reclamos principales: una deuda específica de 175 millones de dólares por obras no realizadas, y un reclamo de más de 700 millones de dólares en concepto de excedentes no percibidos debido a la modificación de la metodología de cálculo.
En este marco, un posible anuncio podría consistir en una propuesta de acuerdo total o parcial sobre los montos reclamados. Si se tratara de un acuerdo parcial, lo más probable es que se refiera a los 175 millones de dólares, ya que incluir también los 700 millones parece improbable en un contexto de escasez de divisas por parte del Gobierno nacional.
El Decreto 450/25 y su impacto
La provincia argumenta que el reciente Decreto 450/25 del Poder Ejecutivo Nacional refuerza su posición legal. Este decreto restablece métodos de cálculo de precios alineados con la ley marco y el acuerdo de 1998, lo que convalida el reclamo entrerriano y fortalece la necesidad de mantener el juicio para obtener la regularización de los flujos futuros y el reconocimiento de la deuda retroactiva.
Sin embargo, el mismo decreto establece la libertad de comercialización para generadoras y distribuidoras de energía, pero excluye explícitamente a Salto Grande y Yacyretá. Esta cláusula ha sido interpretada como discriminatoria, ya que permite la venta libre solo a generadoras privadas y a la energía nuclear, recientemente anunciada para su privatización.
El precio del megawatt/hora: el núcleo del conflicto
El aspecto más sensible sigue siendo el precio que se paga por la energía generada. En mayo, Milei firmó un acuerdo con Paraguay que fijó en 28 dólares el precio del megawatt/hora generado en Yacyretá. En contraste, Salto Grande recibe apenas 4 dólares por esa misma unidad de energía. El argumento utilizado para justificar el valor en Yacyretá fue la existencia de deudas pendientes, una situación que también aplica a Salto Grande.
En este sentido, la provincia sostiene que debería recibir el mismo valor por cada megawatt/hora generado. Reconocer esta equivalencia implicaría un fuerte impacto fiscal para el Gobierno nacional, por lo que no parece probable que se anuncie una equiparación inmediata.
La modernización de la represa
Actualmente, la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande lleva adelante la renovación de la represa, financiada por una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El contrato original, firmado en mayo de 2019, contempla una inversión total que oscila entre 800 y 1.400 millones de dólares. La primera etapa, aprobada en junio de 2023, incluye dos préstamos por un total de 475 millones de dólares, y se encuentra en ejecución.
Aunque esta obra es clave para garantizar la operatividad de la represa tras 45 años de funcionamiento, no se espera que el anuncio de esta semana incluya novedades sustanciales sobre el financiamiento, más allá de reafirmar el compromiso con la Fase A del programa de modernización.
Anuncios en veda electoral
La realización de anuncios durante la veda electoral plantea un dilema legal y ético. Si bien la normativa prohíbe actos de gobierno que puedan influir en el voto, los anuncios institucionales o económicos que no impliquen inauguraciones ni propaganda directa suelen quedar en una zona gris. En este caso, la visita de Catalán podría estar orientada más a mostrar voluntad política que a concretar soluciones definitivas.
Conclusión
Los “anuncios importantes” sobre Salto Grande podrían incluir un acuerdo parcial sobre la deuda de obras no realizadas, una reafirmación del Decreto 450/25 y gestos simbólicos de colaboración entre Nación y Provincia. Sin embargo, los temas de fondo, como el precio de la energía y el reconocimiento total de los reclamos económicos, parecen lejos de resolverse en el corto plazo.
La expectativa está puesta en si el Gobierno nacional está dispuesto a avanzar en medidas concretas que reconozcan los valores reales de la energía generada y garanticen igualdad ante la ley, o si se limitará a realizar anuncios de tono electoral sin comprometer recursos en dólares.
