La trama de corrupción que sacude al sistema de comedores escolares en Concordia suma nuevos protagonistas. Mientras la ex coordinadora Silvina Murúa es investigada por el presunto desvío de fondos públicos, todas las miradas apuntan ahora a dos empresarios —padre e hijo— que concentran millonarias contrataciones tanto a nivel municipal como provincial.
Se trata de Martín e Iñaki Partarrié, titulares de las firmas Partarrié Distribuciones SAS y Ahora Voy SRL, respectivamente. Ambas empresas se convirtieron en proveedoras clave del Estado en apenas meses, facturando más de 490 millones de pesos en conjunto por la provisión de alimentos a comedores escolares y comunitarios.
La investigación, impulsada por auditorías internas y denuncias de directivos escolares, revela un entramado de direccionamiento de compras, retiro arbitrario de tarjetas SIDECREER, faltantes de mercadería y maltrato institucional. Incluso se difundieron audios comprometedores que vincularían a Murúa con uno de los empresarios en supuestos intercambios de dinero.
El caso genera indignación en la comunidad educativa y pone en jaque los mecanismos de control sobre los fondos destinados a la alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La Dirección Departamental de Escuelas y la Fiscalía de Estado ya analizan medidas más severas, mientras la provincia suspendió a las empresas involucradas como proveedoras del Estado.
Este escándalo no solo expone una posible red de corrupción, sino también la fragilidad de los sistemas de transparencia en contrataciones públicas. La sociedad exige respuestas, y sobre todo, justicia.
