El rechazo oficial al recurso presentado por el ex Comisario Mayor Edgardo Andrés Montenotte no es solo un trámite administrativo. Es el cierre formal de una escena que, lejos de exhibir dignidad institucional, desnuda una cultura de privilegios, arbitrariedades y berrinches con uniforme.
Montenotte, desplazado de su cargo en diciembre de 2024, intentó revertir su situación alegando daño moral, discriminación y hasta violencia contra su familia. En su presentación, no escatimó en comparaciones: señaló a otros funcionarios que, pese a tener causas judiciales abiertas por violencia de género, continúan percibiendo adicionales por responsabilidad funcional. Su argumento, sin embargo, no fue la defensa de la ética pública, sino la exigencia de trato igualitario en la permanencia de privilegios.
El caso revela una lógica perversa: la disputa no gira en torno a la transparencia o la idoneidad, sino al derecho a seguir cobrando sin ejercer funciones. Montenotte no denuncia un sistema corrupto; denuncia haber sido excluido de sus beneficios. Su reclamo no interpela la justicia, sino la continuidad de un orden que naturaliza el cobro de adicionales como prerrogativa personal, aun cuando la función ha cesado.
Más grave aún es el contexto que rodea su figura. Este es el mismo funcionario que intentó desinformar sobre un siniestro vial en el que el hijo de un influyente abogado y político mató a cuatro personas en la Ruta 44. Su rol en ese episodio fue el de encubridor institucional, no el de garante de verdad ni justicia. Que hoy se presente como víctima de daño moral es, cuanto menos, una ironía que ofende a las verdaderas víctimas del sistema.
El rechazo del recurso, firmado por el gobernador Frigerio y el ministro Roncaglia, marca un límite. Pero no alcanza. Porque mientras se mantenga la lógica de disponibilidad como castigo político y no como herramienta de depuración ética, los Montenotte seguirán existiendo. Y seguirán reclamando, no por justicia, sino por su parte del botín.
La institucionalidad no se construye con decretos, sino con gestos que restituyan el sentido del servicio público. Y eso implica, entre otras cosas, dejar de tolerar que quienes han traicionado su función pretendan presentarse como víctimas. La dignidad no se decreta: se ejerce. Y en este caso, se ha perdido hace tiempo.
