El reciente hallazgo de cinco bolsas de cocaína dentro de un parlante en el pabellón 11 de la Unidad Penal N°1 pone en evidencia una realidad incómoda: el narcotráfico no se detiene en la puerta de las cárceles. Con un pesaje de 50,8 gramos y resultado positivo en el test de campo, el operativo realizado por la División de Drogas Peligrosas confirma lo que muchos sospechan desde hace tiempo: los penales no son espacios aislados del delito, sino escenarios donde muchas veces se lo reproduce y perfecciona.
Este tipo de episodios no solo revela fallas en los controles internos, sino también la capacidad de adaptación de las redes delictivas. Ocultar droga en un parlante dentro de un pabellón no es un acto improvisado, es una maniobra que requiere complicidad, planificación y conocimiento del sistema penitenciario.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo ingresa la droga a una unidad de máxima seguridad? ¿Quiénes facilitan el acceso? ¿Qué controles fallan y por qué? La respuesta no puede limitarse a un parte policial. Requiere una investigación profunda, voluntad política y una revisión estructural del sistema penitenciario.
Las cárceles deberían ser espacios de rehabilitación, no de continuidad del delito. Cuando el narcotráfico se instala tras las rejas, no solo se vulnera la ley, se sabotea cualquier intento de reinserción social. Y lo más grave: se pone en riesgo la vida de internos, trabajadores penitenciarios y de toda la sociedad.
Este hecho debe ser un llamado de atención. No alcanza con secuestrar la droga. Hay que desmantelar las redes que la sostienen, dentro y fuera del penal. Porque si el delito se organiza en prisión, la justicia queda encerrada en la impotencia.
