La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas vuelve a encenderse, esta vez atravesada por el negocio del petróleo y la geopolítica internacional. La protagonista es Navitas Petroleum, una compañía israelí que, asociada con la británica Rockhopper Exploration, impulsa el megaproyecto Sea Lion, considerado el mayor desarrollo hidrocarburífero en el Atlántico Sur.
El proyecto prevé una inversión superior a los 2.000 millones de dólares y la explotación de más de 170 millones de barriles en su primera fase, con licencias otorgadas por el gobierno colonial de las islas. La producción estimada rondaría los 50.000 barriles diarios, lo que podría cuadruplicar la economía de las Malvinas y consolidar aún más la ocupación británica.
El problema es que tanto Navitas como Rockhopper fueron sancionadas por Argentina bajo la Ley 26.659, que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización nacional. En 2022, el gobierno de Alberto Fernández inhabilitó a Navitas por 20 años para operar en territorio argentino. Sin embargo, la empresa avanza con respaldo británico y sin una oposición firme del actual gobierno.
La polémica se intensifica porque el presidente Javier Milei, alineado estratégicamente con Israel en materia diplomática y militar, evita pronunciarse sobre la participación israelí en un proyecto considerado ilegal por la Argentina. Durante su visita a Tel Aviv en 2026, el tema no fue abordado públicamente con el primer ministro Benjamin Netanyahu, pese a que semanas antes el propio Milei había prometido “todas las medidas diplomáticas necesarias” para frenar la explotación en Malvinas.
La contradicción es evidente: mientras Milei refuerza su alianza con Israel, guarda silencio frente a una empresa israelí que, en sociedad con capitales británicos, explota recursos en un territorio cuya soberanía Argentina reclama desde hace casi dos siglos. Para la oposición, este silencio equivale a un “apoyo tácito” que debilita la posición diplomática del país y fortalece la ocupación británica.
El trasfondo excede lo económico. La explotación petrolera en Malvinas no solo representa un negocio multimillonario, sino también un factor geopolítico que refuerza la presencia británica en el Atlántico Sur, clave para las rutas marítimas y la proyección militar. La participación de una empresa israelí añade un componente internacional que complejiza aún más el tablero.
La pregunta que se instala es si el gobierno argentino está dispuesto a confrontar con sus aliados estratégicos cuando se trata de defender la soberanía nacional. El caso Navitas Petroleum expone una tensión incómoda: la alianza política con Israel frente a la explotación ilegal de recursos en Malvinas. Una contradicción que, de no resolverse, podría marcar un antes y un después en la política exterior argentina.
