Javier Milei prometió cortar privilegios. Pero terminó recortando derechos. Y ahora, enfrenta un pedido de juicio político por algo que ni sus votantes esperaban: negar la aplicación de una ley vigente, la de Emergencia Pediátrica. Sí, ley aprobada, promulgada, publicada. Pero suspendida por decreto verbal, como si gobernar fuera administrar un Excel.
El Hospital Garrahan, símbolo de la salud pública infantil, se convirtió en epicentro de la resistencia. Médicos, técnicos, familiares y organizaciones sociales salieron a la calle, no por ideología, sino por urgencia. Porque cuando el Estado decide que no hay plata para atender a los chicos, no está ajustando: está abandonando.
Y así, el presidente que se jacta de no negociar, ahora negocia con la salud. El que decía que “el Estado es una organización criminal”, ahora lo usa para desobedecer leyes. Y el que prometía eficiencia, ahora enfrenta denuncias penales y un pedido formal de juicio político. Porque gobernar no es solo gritar “libertad”: es respetar el marco legal que sostiene esa libertad.
El revés no vino del Congreso ni de la oposición. Vino de los pasillos del hospital, de los que no tienen banca pero tienen voz. De los que no tienen poder pero tienen urgencia. Y cuando la urgencia se organiza, la motosierra se desafila.
Milei enfrenta su primer juicio político. No por corrupción, sino por desobediencia institucional. No por lo que hizo, sino por lo que decidió no hacer. Y en ese vacío, la democracia se planta. Porque hay algo que ni el ajuste puede borrar: el derecho a la identidad, a la salud, y a que las leyes se cumplan.
