En nuestra ciudad existe un decreto claro: la venta de pirotecnia está prohibida. No es un capricho, no es un detalle menor. Es una norma que busca proteger a quienes más sufren con cada explosión: los niños con autismo, que padecen crisis profundas ante los estruendos; los animales, que tiemblan, se esconden y muchas veces enferman del miedo; los adultos mayores y enfermos, que sienten la violencia sonora como una agresión directa.
Sin embargo, todavía hay negocios que eligen ignorar la ley, que lucran con el dolor ajeno, que ponen por delante la ganancia rápida y dejan atrás la empatía. Y allí es donde el Estado debe actuar. El control de la venta de pirotecnia corresponde a las autoridades municipales y de seguridad, que tienen la obligación de fiscalizar, clausurar y multar a quienes incumplen. Porque una norma sin control es apenas un papel, y lo que está en juego aquí son vidas y dignidad.
La sociedad ya decidió: pirotecnia cero. Lo decidió porque entendió que la fiesta no puede construirse sobre el sufrimiento de otros. Lo decidió porque aprendió que la alegría se celebra con luces, con música, con abrazos, no con explosiones que hieren.
Hoy, como ciudadanos, exigimos que se respete ese decreto. Que se cumpla. Que se sancione a los negocios que venden lo prohibido. Que se defienda a los chicos, a los abuelos, a los animales. Que se ponga la empatía por encima del negocio.
Porque cada cohete que se vende ilegalmente es un grito contra la sensibilidad de un niño, contra la paz de un hogar, contra la vida de un animal. Y cada multa que se aplica es un acto de justicia, un recordatorio de que la ley existe para cuidar, no para adornar.
“Pirotecnia cero: respeto, salud y dignidad”
