La implementación del nuevo esquema de desayunos y meriendas escolares en Entre Ríos sumó un capítulo judicial: este viernes se presentó un recurso de amparo con el objetivo de suspender la medida.
El planteo cuestiona la licitación y adjudicación a una empresa privada para la provisión de alimentos, bajo el argumento de que el sistema vulnera derechos adquiridos y modifica de manera abrupta la modalidad que las escuelas venían sosteniendo desde hace dos décadas.
Los demandantes sostienen que la reforma implica una privatización encubierta del servicio y que el Estado debería garantizar directamente la compra y distribución de los alimentos, sin intermediarios. Además, remarcan que la transición se realizó sin la debida consulta a las comunidades educativas y que existen riesgos de desigualdad en la calidad y cantidad de las raciones.
Desde el Gobierno provincial, en cambio, se defiende la medida como una herramienta de control y transparencia, que permitirá asegurar la trazabilidad de los productos y evitar irregularidades detectadas en el sistema anterior.
El amparo abre un nuevo frente de debate: ¿se trata de una política que busca garantizar homogeneidad y calidad en la alimentación escolar, o de un modelo que desplaza al Estado en favor de empresas privadas?
