La reforma laboral impulsada por el oficialismo acaba de recibir su primer golpe en los tribunales. El juez laboral de Córdoba, Ricardo Gileta, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la llamada “Ley de Modernización Laboral”, en una sentencia fechada el 10 de marzo y conocida este jueves.
El artículo cuestionado regula la forma en que deben actualizarse los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva normativa. En la práctica, habilitaba una reducción de entre el 20% y el 60% de lo que terminaría cobrando un trabajador respecto de los criterios que se aplicaban previamente en varios tribunales.
En medio de este debate, información que llega a la redacción de Digital Top confirma que el artículo 55 establecía que las deudas se actualizaran tomando como referencia los intereses del Banco Central, con un límite máximo de inflación más 3% anual y un mínimo equivalente al 67% del cálculo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para el magistrado, este tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente viola el principio de igualdad ante la ley.
En su fallo, Gileta resolvió que el capital original deberá recalcularse según lo previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, esquema que implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta que se concrete el pago.
El juez subrayó que los créditos laborales tienen un carácter alimentario y están especialmente protegidos por el derecho del trabajo. Por lo tanto, cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor frente a la inflación afecta el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.
Este fallo marca un precedente importante: la reforma laboral, que buscaba modificar de manera sustancial las reglas de juego en los juicios laborales, enfrenta ahora un cuestionamiento judicial que podría replicarse en otros tribunales del país. La tensión entre la necesidad de modernizar el sistema y la obligación de proteger los derechos de los trabajadores se instala en el centro del debate público.
La discusión recién comienza, pero el mensaje es claro: los derechos laborales no pueden ser debilitados bajo el argumento de la eficiencia económica. La justicia ha recordado que detrás de cada juicio hay personas, familias y proyectos de vida que merecen una reparación justa y plena.
