Familiares de policías exigen respuestas por la falta de pago de adicionales: “Desde abril no cobramos un centavo”
Una grave denuncia llegó a la redacción por parte de familiares de agentes de la Policía de Entre Ríos que prestan servicios adicionales para la Municipalidad de Concordia. El reclamo, que ya lleva más de cuatro meses sin resolución, expone una situación de vulnerabilidad económica y desamparo institucional.
Valeria, familiar de uno de los efectivos afectados, expresó con indignación: “Desde abril no se pagan los adicionales. Los contratos son a 90 días, pero ya pasaron 120 y no cobramos un centavo. En la municipalidad se tiran la pelota”. Según explicó, el expediente involucrado es el N° 1355592, pero el trámite sigue trabado por la falta de una firma clave: “Falta la firma de una persona del Club Hípico, que está a cargo de una oficina de gobierno. Dijeron que el lunes lo sacaban, pero seguimos sin respuestas”.
Los adicionales corresponden a tareas realizadas en áreas como Higiene Urbana, Parques y Paseos, y otros espacios municipales, bajo convenios ratificados por decretos como el N° 1.465/2023, que establece derechos y obligaciones tanto para el personal policial como para el municipio. Sin embargo, el incumplimiento de estos acuerdos ha generado malestar entre los trabajadores y sus familias.
Valeria también cuestionó la falta de representación formal de los policías en este contexto: “Ellos no tienen derecho a reclamar. No tienen gremio, no tienen voz. Solo pedimos que se respete lo que corresponde”.
El reclamo pone en evidencia una problemática recurrente en la relación entre fuerzas de seguridad y gobiernos locales: la precarización de los servicios adicionales, la falta de garantías contractuales y la demora en los pagos. Mientras tanto, los afectados siguen esperando una respuesta concreta que les permita afrontar sus compromisos económicos.
Desde el entorno de los denunciantes se evalúa la posibilidad de realizar una presentación formal ante la Fiscalía Administrativa o el Tribunal de Cuentas, en caso de que el expediente siga sin resolución. La situación, que afecta directamente a quienes cumplen funciones esenciales para la comunidad, exige una pronta intervención institucional.
