El Gobierno ha decidido avanzar con una Reforma Laboral que, según sus propios funcionarios, contiene puntos “innegociables”. La iniciativa, prevista para después del 10 de diciembre, se apoya en la Ley Bases aprobada mediante el DNU 70/24, pero incorpora modificaciones puntuales que buscan sortear los frenos judiciales que paralizaron gran parte del paquete laboral inicial.
El borrador, bajo estricta reserva en el Ministerio de Capital Humano, plantea cambios de fondo en la Ley de Contratos de Trabajo: exclusión de regímenes especiales como empleo público, trabajo agrario y casas particulares; limitación del principio de norma más favorable a casos de dudas insuperables; exigencia de homologación judicial o administrativa para acuerdos conciliatorios; y un nuevo criterio de antigüedad que permite acumular períodos sucesivos. En tercerizaciones, la responsabilidad del principal pasaría a ser subsidiaria y no solidaria, salvo incumplimientos de registración o aportes.
Uno de los ejes más relevantes es la creación de un sistema unificado de registración laboral a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La inscripción del vínculo quedaría centralizada en ese organismo, y la falta de constancia generaría presunciones a favor del trabajador. En paralelo, el capítulo de organización del trabajo redefine las vacaciones: se otorgarían entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento en lapsos no menores a siete días y reprogramación por enfermedad. La capacitación se reconoce como derecho básico, vinculado a las necesidades del puesto.
El proyecto también amplía la lista de beneficios no remunerativos, incluyendo prestaciones de salud, reintegros de guardería, ropa de trabajo, útiles escolares, gimnasios, gastos de sepelio y provisión de herramientas tecnológicas, sin que ninguno integre la base remunerativa ni genere aportes adicionales.
La polémica es inevitable: sindicatos y opositores advierten que la reforma implica un retroceso en derechos adquiridos, mientras que el oficialismo sostiene que busca modernizar las relaciones laborales y adaptarlas a nuevas modalidades, como la economía de plataformas. El escenario legislativo, con La Libertad Avanza proyectando unos 90 diputados y 20 senadores, abre un margen de maniobra, pero no garantiza consenso.
En definitiva, la Reforma Laboral se presenta como un punto de inflexión: un intento de redefinir las reglas del trabajo en Argentina bajo la premisa de lo “innegociable”, en un contexto político y social donde nada parece estar exento de negociación.
