El debate por la reforma previsional en Entre Ríos continúa ganando intensidad en el ámbito legislativo. Este martes, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos recibirán a nuevos representantes gremiales para analizar el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial, que busca modificar el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Por la mañana, expondrán Alejandra Levrand, secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Ciudad de Paraná (APS), y José Ángel Allende, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Entre Ríos. En tanto, por la tarde será el turno de Mario Rafael Barberán (Festram), Jesús Núñez (Suoyem) y María Angélica Hermosi, representante de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Provincia.
La semana pasada, los senadores ya habían escuchado las voces de otros gremios estatales y docentes. En ese marco, Oscar Muntes (ATE) advirtió que la iniciativa implica un “brutal ajuste a las condiciones de vida” de los futuros jubilados, mientras que Mabel Pedrero (AJER) cuestionó el uso del término “emergencia”, señalando que el déficit de la Caja “no es súbito ni imprevisto, sino estructural”.
Los gremios docentes también se sumaron al rechazo: Agmer reconoció la deuda pero rechazó que el ajuste recaiga sobre los trabajadores; Sadop alertó sobre una “pérdida de derechos” y AMET anticipó la presentación de firmas en oposición al proyecto.
El senador oficialista Gustavo Vergara confirmó que la iniciativa será votada en el recinto de la Cámara de Senadores en julio, tras un mes de exposiciones y análisis en comisión. Según el legislador, se tomarán en cuenta los planteos gremiales, pero se avanzará “con la firme convicción de que se trata de un proyecto que va a sanear el sistema jubilatorio y permitirá su sustentabilidad en el tiempo”.
La discusión refleja una tensión histórica entre el equilibrio fiscal y la protección de derechos adquiridos. Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para garantizar la continuidad del sistema, los sindicatos la interpretan como un retroceso social. En ese cruce de argumentos, el Senado entrerriano se convierte en escenario de un debate que trasciende lo técnico y se instala en el corazón de la política provincial: cómo sostener la justicia previsional sin sacrificar la dignidad de quienes ya dieron su vida laboral al Estado.
