El Gobierno nacional ha anunciado un ambicioso plan para modificar la Ley Penal Tributaria, elevando el monto mínimo de evasión fiscal de $1,5 millones a $100 millones. Además, se busca reducir de seis a cuatro años el plazo en el que la Agencia Federal de Recaudación (ARCA) puede revisar declaraciones juradas anteriores.
Este proyecto forma parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el titular de ARCA Juan Alberto Pazo. La iniciativa pretende facilitar el uso de fondos no declarados sin consecuencias legales, eliminando ciertos controles en operaciones financieras.
Sin embargo, la implementación de estos cambios requiere la aprobación del Congreso, ya que el Ejecutivo no tiene facultades para legislar en materia tributaria. En este sentido, el Gobierno enviará en los próximos días un proyecto de ley para garantizar la continuidad de estas reformas frente a futuras administraciones.
Uno de los puntos clave en el debate legislativo será el impacto fiscal sobre las provincias, ya que una reducción en la recaudación de impuestos como Ganancias e IVA podría afectar la coparticipación federal. Algunos gobernadores han expresado su preocupación por la posible disminución de ingresos, lo que podría generar tensiones en la negociación parlamentaria.
El proyecto también contempla modificaciones en los procesos de prescripción, presunciones fiscales y determinación de oficio, limitando la capacidad de fiscalización retroactiva de ARCA.
Con este plan, el Gobierno busca incentivar la regularización de capitales no declarados y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. No obstante, la propuesta ha generado un intenso debate sobre sus posibles efectos en la economía y la transparencia fiscal del país.
