La dimisión de Santiago Laumann como vocal del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, presentada ante el gobernador Rogelio Frigerio y próxima a ser tratada por la Comisión de Acuerdos del Senado, abre un nuevo capítulo en la política educativa provincial. Laumann había sido designado al inicio de la gestión con acuerdo constitucional, integrando el cuerpo junto a Alicia Fregonese, Elsa Chapuis y Carla Duré.
Las diferencias con el actual presidente del organismo, Carlos Cuenca, fueron determinantes. En los últimos meses, Laumann casi no participaba de las reuniones del CGE, lo que reflejaba una relación institucional debilitada. Su salida, sin embargo, no implica un alejamiento definitivo del ámbito educativo: se baraja la posibilidad de que se incorpore al área de Educación Superior, aunque aún no hay definiciones concretas.
La renuncia también revive cuestionamientos previos. En 2024, organismos de Derechos Humanos habían impugnado su candidatura, señalando su postura negacionista respecto al terrorismo de Estado y la dictadura militar. “Esto significa retroceder en todo lo que son las políticas de Derechos Humanos y lo que tiene que ver con Memoria, Verdad y Justicia”, expresó en aquel momento Luz Piérola, reflejando el rechazo de sectores sociales y académicos.
El caso pone en tensión dos dimensiones: por un lado, la necesidad de recomponer la relación institucional dentro del CGE; por otro, el debate sobre el perfil ideológico de quienes ocupan cargos clave en la definición de políticas educativas. La renuncia de Laumann, más allá de sus motivos personales, se convierte en un símbolo de las disputas internas y de los desafíos que enfrenta la educación entrerriana en materia de memoria y derechos humanos.
La incógnita queda planteada: ¿será esta renuncia un paso hacia la recomposición institucional del CGE o un retroceso en la construcción de políticas educativas con perspectiva de derechos humanos?
