La localidad entrerriana de San José de Feliciano se encuentra conmocionada tras la denuncia de un grave delito contra la integridad sexual que tuvo como víctima a una joven de 19 años. El hecho, ocurrido entre la noche del domingo 24 y la madrugada del lunes 25 de mayo, involucra a cinco hombres, entre ellos un funcionario policial que presta servicios en La Paz y que ya fue detenido. Otros dos civiles fueron identificados, mientras que los dos restantes permanecen prófugos.
La Unidad Fiscal de Feliciano, a cargo de la investigación, emitió un comunicado oficial confirmando la recepción de la denuncia y la apertura de la causa, aunque evitó brindar mayores precisiones para preservar el secreto de sumario y proteger a la víctima. Extraoficialmente trascendió que los investigadores analizan la existencia de un video grabado por los acusados minutos antes del ataque, lo que podría constituir una prueba clave.
El caso se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas y toma de testimonios, con la intervención de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Sin embargo, resulta llamativo que, pese a la implicancia de un funcionario policial, la pesquisa esté siendo llevada adelante por camaradas de la misma fuerza. En situaciones de esta magnitud, la práctica judicial recomienda el auxilio de fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura o Policía Federal) para garantizar transparencia y evitar cualquier sospecha de encubrimiento.
La denuncia de la joven pone en evidencia la persistencia de prácticas violentas y degradantes que atentan contra la dignidad y los derechos humanos. La sociedad de Feliciano exige respuestas rápidas y contundentes, no solo para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables, sino también para reafirmar que ningún uniforme ni cargo público puede ser escudo frente a la justicia.
La causa, por su gravedad y por la participación de un agente estatal, se perfila como un test de credibilidad institucional: la forma en que se lleve adelante la investigación marcará la confianza ciudadana en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad.
