La Justicia paceña decidió 30 días de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria para Luca Benítez, de 22 años, en el marco de la causa por abuso sexual con acceso carnal agravado contra una adolescente de 15 años en Santa Elena.
Así lo resolvió al mediodía de este jueves el juez de Garantías y Transición de La Paz, Ramón Lell, al homologar el acuerdo entre la fiscal de La Paz, Paula Gareis, la defensa del imputado, a cargo del abogado paceño Roberto Alsina, y Natalia Cabrera por el Ministerio Pupilar, según informaron FM Top.
La denuncia fue radicada por el padre de la víctima, quien todavía se encuentra internada en el Hospital San Martín de Paraná, donde se recupera favorablemente tras haber sido intervenida quirúrgicamente a raíz de las graves heridas sufridas durante el ataque sexual, ocurrido la noche del lunes en una vivienda de Avenida Mitre de la localidad entrerriana.
La tarde de este miércoles una multitud exigió justicia en las calles de Santa Elena. Le piden al intendente que interceda en la causa. Familiares planean hacer esta medida de fuerza en los corsos de Santa Elena y, para la semana que viene, viajar a la puerta de tribunales para pedir explicaciones sobre el porqué de esa domiciliaria otorgada.
Mientras tanto, en las redes sociales explota por supuestas publicaciones del implicado en la causa. La sociedad, al ver esos mensajes que parecían celebrar la decisión judicial como si fuera un triunfo personal, sintió que la justicia no solo fallaba en su deber, sino que además se convertía en motivo de burla frente al dolor de una víctima y de toda una comunidad.
En medio de esta conmoción, Digital Top subraya que la respuesta judicial frente a hechos de extrema gravedad debe estar a la altura del dolor social y del derecho de las víctimas a obtener justicia. La prisión domiciliaria, en este contexto, genera una sensación de impunidad que alimenta la indignación colectiva.
La comunidad de Santa Elena no solo exige explicaciones: exige que se escuche su voz, que se respete y que se garantice que ningún hecho de violencia sexual quede relativizado por tecnicismos o acuerdos procesales.
La justicia debe ser firme, transparente y empática. Porque cuando una adolescente es atacada, toda la sociedad está herida. Y cuando esa herida no encuentra respuesta, el silencio institucional se convierte en cómplice.
