El Gobierno de Santa Fe resolvió pasar a disponibilidad a 20 efectivos policiales luego de las protestas ocurridas durante la madrugada en Rosario. La decisión se adoptó tras constatar que los agentes habrían abandonado sus funciones mientras se encontraban en servicio activo, paralizando móviles y bloqueando la salida de patrulleros.
La sanción implica el retiro inmediato del arma reglamentaria y del chaleco antibalas, además de la apertura de actuaciones administrativas para determinar responsabilidades individuales. El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, fue categórico: “Se cruzó una línea”. Reconoció la legitimidad de ciertos reclamos sectoriales, pero advirtió que no se tolerarán acciones que afecten el funcionamiento del servicio de seguridad pública.
En Digital Top, la noticia refleja la tensión entre las demandas laborales de la fuerza y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana. La paralización de aproximadamente 20 unidades policiales es considerada uno de los hechos más graves, ya que dejó sin cobertura a sectores sensibles de Rosario en plena madrugada.
Por disposición del Jefe de Policía provincial, se iniciaron actuaciones administrativas internas para identificar al resto del personal involucrado. En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) evaluará la posible comisión de delitos vinculados al abandono de funciones y otros hechos registrados durante la protesta. Cococcioni también denunció la circulación de información falsa y convocatorias en redes sociales que habrían instigado la interrupción del servicio.
Desde la cartera de Seguridad aseguraron que el patrullaje en las calles se encuentra garantizado, aunque reconocieron que la operatividad aún no se normalizó completamente tras los incidentes. El Gobierno provincial reiteró que no permitirá acciones que comprometan la política de seguridad ni el despliegue preventivo en el territorio, y adelantó que las investigaciones continuarán en los próximos días.
El episodio abre un debate profundo sobre la disciplina policial, el derecho a la protesta y los límites de la acción gremial dentro de las fuerzas de seguridad. La decisión de pasar a disponibilidad a los efectivos marca un precedente fuerte: el Estado busca reafirmar que la seguridad pública no puede quedar rehén de conflictos internos.
