La Justicia confirmó que seis jóvenes fueron imputados por las amenazas calificadas contra instituciones educativas en distintas localidades, mientras que otros 19 ya fueron identificados en el marco de la investigación. Los procedimientos se llevaron adelante en coordinación con fuerzas de seguridad provinciales y federales, tras el incremento de episodios que generaron alarma en la comunidad escolar.

Las medidas incluyeron allanamientos y operativos de control que permitieron identificar a los responsables de los mensajes intimidatorios. Según fuentes judiciales, las detenciones se produjeron en distintos puntos de la provincia, con imputaciones que contemplan la figura de amenazas calificadas, dada la gravedad de los hechos y el impacto sobre estudiantes, docentes y familias.

Además de las detenciones, se aplicaron multas económicas a quienes resultaron vinculados a los hechos, como parte de las sanciones previstas en la normativa vigente. El Ministerio Público Fiscal destacó que la investigación se encuentra en curso y que se continuará con la recolección de pruebas digitales y testimoniales para determinar la extensión de la red de responsables.

En paralelo, se dispuso la liberación de la madre de un joven que había sido detenida por permitirle a su hijo llevar la réplica de un arma a la escuela. Sin embargo, la mujer enfrenta una causa judicial y arriesga una pena de hasta seis años de prisión.

La situación refleja la necesidad de reforzar protocolos de prevención y respuesta ante amenazas en instituciones educativas, en un contexto donde la protección de la comunidad escolar constituye una prioridad institucional.