La Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (S.P.E.R) inició esta semana un proceso interno que sacude los cimientos de la institución: un número significativo de funcionarios fue citado por presuntas situaciones de consumo problemático de sustancias como marihuana, cocaína y, en un caso, alcohol. La medida incluye análisis médicos y nuevas pruebas de orina, bajo la supervisión de la junta médica oficial.
El objetivo declarado es preservar la salud de los trabajadores y garantizar que quienes cumplen funciones en contextos de alta exigencia estén en condiciones físicas y psicológicas adecuadas. Sin embargo, el proceso no está exento de controversias.
En paralelo, dentro de la Policía de Entre Ríos (P.E.R), reina el hermetismo. Según fuentes consultadas, la cantidad de casos detectados habría sorprendido a las autoridades, al punto de suspender los controles previstos. Lo que genera aún más inquietud es que el operativo comenzó por los rangos más bajos, dejando fuera —al menos por ahora— a los cargos superiores. Una decisión que despierta suspicacias.
¿Adicción o corrupción?
La situación plantea un dilema ético profundo: ¿es más grave el funcionario que lucha contra una adicción o aquel que, sin consumir, facilita el ingreso de sustancias prohibidas en penales y puestos de control? ¿Dónde está el límite entre la negligencia y la complicidad?
La línea es delgada, y cuando se cruza, el sistema entero se ve comprometido. Porque detrás de cada paquete que ingresa sin ser detectado, puede haber una red de favores, silencios y negocios que involucran a más de uno. Y cuando se generaliza la sospecha, todos —injustamente o no— terminan bajo la misma sombra.
Transparencia en deuda
La gestión actual había prometido una depuración institucional. Pero los hechos recientes parecen contradecir ese discurso. ¿Qué significa depurar si no se empieza por los mandos altos? ¿Por qué ocultar lo que debería investigarse con rigor y transparencia?
La ciudadanía espera respuestas. Y los trabajadores honestos del sistema, también. Porque no se trata solo de limpiar nombres, sino de recuperar la credibilidad de instituciones que deben ser ejemplo de integridad.
Hoy, la realidad empaña el marketing. Y la depuración, si no es profunda y equitativa, corre el riesgo de convertirse en una simple operación de cosmética institucional.
Info suministrada por Apropoler sur
