Un verdadero sismo institucional sacude a la provincia de Córdoba tras la detención del comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, acusado de liderar una presunta organización delictiva dentro de la propia fuerza. La medida fue ordenada por el fiscal Guillermo González, quien también dispuso la detención de otros efectivos policiales, abogados y civiles implicados en una causa de alto impacto.
Los delitos que se investigan son múltiples y graves: coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Entre los detenidos también figura su hermano, el policía Gastón Miguel Ochoa Roldán, y otros altos mandos como el comisario inspector Leonardo Javier Torres, responsable de la asesoría letrada de la fuerza, y el inspector Martín Darío Heredia, también de la Caminera.
Según la investigación, la banda habría utilizado información reservada de bases de datos oficiales para realizar negociaciones extrajudiciales, cobrar deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios, todo en beneficio propio. El esquema operaba de forma sistemática y contaba con la participación de abogados particulares, lo que agrava aún más el cuadro.
Durante el operativo se realizaron allanamientos en La Calera, Cosquín y en la propia Jefatura de Policía, donde se recolectó prueba clave. El caso ha generado una fuerte conmoción en la cúpula policial y motivó la convocatoria a una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, junto al fiscal González y el comisario general Alberto Viete.
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