Desde las primeras horas de este lunes, los empleados del corralón municipal de Concordia iniciaron una asamblea cargada de incertidumbre. El motivo es claro y doloroso: el temor a futuros despidos, la posible privatización de talleres y depósitos, y la amenaza sobre un servicio esencial como la recolección de residuos. En lugar de abrir un canal de diálogo, el intendente Azcué decidió enviar fuerzas policiales para que registren y “firmen” a quienes participan de la asamblea.
El gesto es más que un procedimiento administrativo: es un mensaje político. La presencia policial en un espacio de deliberación obrera instala la sospecha, la intimidación y el control. Lo que debería ser un ámbito protegido por la democracia —el derecho a reunirse, a discutir colectivamente, a defender el trabajo— se convierte en un escenario vigilado, donde cada trabajador siente que su nombre puede transformarse en una lista negra.
La historia de Concordia y de tantas ciudades argentinas está marcada por luchas obreras que defendieron el empleo y los servicios públicos frente a intentos de privatización. El miedo a perder el trabajo no se resuelve con policías, se resuelve con políticas claras, con transparencia y con respeto. La decisión de enviar fuerzas de seguridad para “firmar” a los presentes es una señal de desconfianza hacia los propios empleados municipales, como si ejercer el derecho a la asamblea fuese un acto sospechoso.
El trasfondo es aún más preocupante: si el poder responde con custodia y vigilancia a los trabajadores, ¿qué puede esperar la ciudadanía cuando reclame por sus derechos en los barrios? ¿Será la misma lógica de control y descalificación la que se aplique a los vecinos?
La democracia no se sostiene con listas de asistencia vigiladas por policías, sino con funcionarios que escuchan, dialogan y construyen confianza. El envío de fuerzas de seguridad a una asamblea laboral es un retroceso simbólico y político: convierte el miedo en herramienta de gestión y erosiona la legitimidad institucional.
Los trabajadores municipales no son enemigos del Estado: son el Estado en acción, quienes garantizan que la ciudad funcione día a día. Privatizar talleres y depósitos, precarizar la recolección de residuos, es debilitar la vida cotidiana de la comunidad. Y criminalizar la asamblea es debilitar la democracia misma.
El poder puede rodearse de policías, pero no puede ocultar la verdad: el miedo no se firma, se enfrenta con dignidad. Y la dignidad de los trabajadores merece respeto, no vigilancia.
