La denuncia presentada por 95 matriculados del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos marca un punto de quiebre institucional. Respaldados por la normativa interna y con documentación concreta, los profesionales exigen la remoción del Comité Ejecutivo en una Asamblea Extraordinaria convocada para el 22 de agosto. No se trata de una disputa menor: lo que está en juego es la credibilidad de una institución que debería representar los valores de legalidad, transparencia y participación democrática.
Los gastos denunciados superan los 81 millones de pesos, incluyendo cifras que, por su naturaleza y destino, despiertan legítimas sospechas. Se mencionan $9 millones en cartelería, $10 millones en carpintería, $1.6 millones en cortinas y $612.500 en la compra de un cuadro realizado por la pareja de la presidenta del Colegio. A esto se suman decisiones estratégicas adoptadas sin aprobación de la Asamblea, como el cambio de sede institucional, la desvinculación del COFECI y la modificación del nombre del Colegio.
La gravedad no reside solo en los montos, sino en el modo. Los matriculados denuncian falta de respuesta a pedidos formales de información, uso discrecional de tarjetas corporativas, omisión de controles internos y ausencia de documentación respaldatoria. El Tribunal de Disciplina, órgano clave para garantizar la ética institucional, quedó acéfalo tras la renuncia de todos sus integrantes, en abierta disconformidad con el manejo del Consejo Directivo.
Este escenario revela una crisis de gobernanza. El balance anual, por sí solo, no reemplaza la obligación de rendir cuentas de forma detallada y desagregada. La transparencia no es una cortesía: es un deber legal y ético. La participación democrática no se limita al voto, sino que exige acceso a la información, control ciudadano y rendición de cuentas.
La Asamblea del 22 de agosto será más que una instancia administrativa. Será una oportunidad para que los corredores inmobiliarios recuperen el control de su institución, exijan explicaciones y definan si el Colegio seguirá siendo una herramienta profesional o un espacio de privilegios opacos. Porque cuando las instituciones se alejan de sus principios fundacionales, lo que se erosiona no es solo la confianza: es el sentido mismo de pertenencia.
Transparencia en crisis — el Colegio de Corredores Inmobiliarios bajo la lupa
