La revelación de que el Gobierno nacional retuvo tres billones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos marca un punto de quiebre en la discusión sobre la transparencia y el destino de los recursos públicos. No se trata de una cifra abstracta: es dinero que los argentinos pagan cada día, cada hora, cada minuto al cargar combustible, bajo la premisa legal de que una parte de ese tributo se destina a la reparación y mantenimiento de rutas nacionales.
El problema es que, desde la asunción de Javier Milei, esos fondos se han convertido en un instrumento financiero: se guardan, se colocan en bonos, se transforman en plazos fijos, pero no llegan a las rutas. El propio reconocimiento oficial de esta práctica es lo que genera mayor alarma. Porque los impuestos no son discrecionales: se crean por ley y la ley establece con precisión su destino. Alterar esa finalidad equivale a vaciar de sentido el contrato fiscal entre Estado y sociedad.
Las consecuencias son palpables. Rutas como la A012 y otras arterias estratégicas se deterioran día tras día. La falta de mantenimiento permanente provoca que el asfalto se desmorone, y cuando una ruta se rompe, el costo de reparación se multiplica exponencialmente. Lo que hoy se ahorra en inversión se convertirá mañana en un gasto mucho mayor, con el agravante de que en el camino se pierden vidas por accidentes evitables y se encarece la logística de productores y transportistas.
La situación es doblemente grave porque existen causas judiciales abiertas que investigan el presunto desvío y la discrecionalidad en el uso de estos fondos. Gobernadores y legisladores reclaman lo que les corresponde por ley, mientras la Nación insiste en que la retención es necesaria para sostener el equilibrio fiscal. Pero el equilibrio fiscal no puede construirse sobre la base de rutas destruidas, provincias desfinanciadas y ciudadanos expuestos a riesgos crecientes.
El trasfondo político es ineludible: los recursos que deberían ser transferencias automáticas se transforman en una herramienta de negociación y presión. Provincias enteras quedan a merced de decisiones centralizadas que priorizan la caja antes que la infraestructura. Y el reconocimiento explícito de que se retienen fondos para especulación financiera desnuda un modelo que privilegia el corto plazo sobre la planificación estratégica.
En definitiva, lo que está en juego no es solo el dinero, sino la credibilidad del sistema fiscal argentino. Si los impuestos se cobran con un fin específico y luego se desvían, el pacto entre Estado y sociedad se resquebraja. Tres billones de pesos retenidos no son una cifra técnica: son kilómetros de rutas que se hunden, son camiones que pagan más costos, son familias que viajan con miedo, son provincias que pierden competitividad.
La consigna oficial de “no hay plata” se enfrenta aquí con una contradicción evidente: sí hay plata, pero no se usa para lo que la ley manda. Y esa contradicción, más allá de los números, es lo que vuelve este caso gravísimo. Porque cuando las rutas se caen, no solo se rompe el asfalto: se rompe también la confianza en el Estado.
