En apenas quince días, tres jóvenes efectivos de la Policía de Entre Ríos se quitaron la vida con sus armas reglamentarias. Tres uniformes, tres historias truncas, tres familias devastadas. Los casos de Luis Agustín Monzón en Alcaraz, Víctor Ernesto Taborda en Rosario del Tala y Nicolás Alejandro Gervasoni en Crespo no son hechos aislados: son síntomas de una crisis institucional que ya no puede ser negada ni relativizada.
Cada uno de ellos atravesaba situaciones personales complejas, pero también compartían un contexto laboral marcado por la presión constante, la falta de contención emocional, los bajos salarios, la exposición a la violencia y la sobreexigencia operativa. En todos los casos, el arma reglamentaria fue el instrumento final. Y eso, más allá de lo simbólico, revela una falla estructural: el Estado entrega herramientas de defensa sin garantizar herramientas de cuidado.
El suicidio de Monzón, de 29 años, ocurrió el 6 de julio en un camino rural de Alcaraz. Prestaba servicio en el puesto caminero “El Túnel” y, según trascendidos, atravesaba una crisis emocional vinculada a conflictos familiares. Taborda, de 28 años, fue hallado gravemente herido en su vehículo el 4 de julio en la Ruta 39, y falleció horas después en el hospital de Basavilbaso. Gervasoni, de 26 años, fue encontrado sin vida el 26 de junio en Crespo, tras una intensa búsqueda que movilizó a toda la fuerza.
Estos tres casos reavivan una pregunta incómoda: ¿qué está pasando dentro de la Policía de Entre Ríos? ¿Cuántos más tienen que caer para que se reconozca que la salud mental en la fuerza está rota? ¿Cuántos funcionarios más van a seguir hablando de protocolos mientras las personas se apagan por dentro?
Las capacitaciones sobre prevención del suicidio, los comunicados institucionales y los homenajes póstumos no alcanzan. La salud mental debe dejar de ser un tema secundario en las agendas del Ministerio de Seguridad. No se trata solo de reaccionar ante la tragedia: hay que anticiparla, contenerla y prevenirla. Y eso implica revisar los modelos de trabajo, los turnos extenuantes, la falta de acompañamiento psicológico, el estigma que impide pedir ayuda, y el abandono emocional que muchos agentes denuncian en silencio.
El ministro Néstor Roncaglia, que ha sido visible en operativos de quema de droga y decomiso de avionetas, debe también hacerse presente en estos silencios. Porque la fuerza no son números ni estadísticas: son personas con vínculos, con miedos, con historias. Y cada pérdida es una herida que no se cierra con comunicados ni con homenajes protocolares.
La sociedad también debe mirar de frente esta realidad. No se trata solo de exigir seguridad: se trata de cuidar a quienes nos cuidan. Porque detrás del uniforme hay seres humanos. Y cuando el sistema los empuja al límite, el resultado no es solo una tragedia personal: es una señal de alarma institucional que exige respuestas urgentes, profundas y sostenidas. El ministro Roncaglia no solo tiene que estar para la foto de la quema de droga, ni fotitos con las avionetas caídas, ni entregar mate cosido, sino que tiene que preocuparse por todos estos casos.
