La escuela debería ser un espacio de confianza, de formación, de resguardo. Pero cuando la figura docente se convierte en amenaza, el aula se transforma en frontera: entre el deber y el abuso, entre el respeto y la invasión.
El caso del docente practicante de informática detenido en Mendoza por tomar fotos sin permiso a sus alumnas no es solo un hecho policial. Es un síntoma. Las estudiantes advirtieron el flash del celular, alertaron a una profesora, y el hombre —según testigos— intentó borrar las imágenes frente a ella. La escena es tan clara como dolorosa: el poder pedagógico usado como herramienta de vulneración.
¿Qué se pone en juego cuando un educador traiciona su rol?
• La confianza institucional, que no se recupera con comunicados.
• La seguridad emocional de las estudiantes, que no se repara con protocolos.
• La credibilidad de los sistemas de formación docente, que deben revisar con urgencia sus filtros y acompañamientos.
Este no es un caso aislado. Es parte de una trama más amplia donde el cuerpo adolescente —especialmente el femenino— sigue siendo objeto de miradas, capturas y silencios. La tecnología, lejos de ser herramienta didáctica, se convierte en instrumento de acoso cuando no hay ética que la regule.
¿Y la respuesta institucional?
Debe ser rápida, clara y empática. No alcanza con separar al acusado. Hay que acompañar a las víctimas, revisar los mecanismos de ingreso y supervisión de practicantes, y sobre todo, escuchar. Porque cuando las estudiantes se animan a denunciar, el sistema debe estar a la altura.
