En un contexto de creciente demanda por transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos avanza en la elaboración de una nueva Acordada que busca fortalecer el marco jurídico y el procedimiento para la imposición de multas. La iniciativa fue debatida en una reciente jornada de trabajo que reunió a autoridades y funcionarios del organismo, quienes intercambiaron criterios técnicos y jurídicos sobre el alcance de la medida.
El objetivo central es dotar al Tribunal de herramientas más precisas para sancionar incumplimientos en la rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta a organismos estatales y entes descentralizados. La nueva normativa apunta a establecer criterios claros, plazos definidos y procedimientos que garanticen el debido proceso, al tiempo que refuerzan el rol fiscalizador del organismo.
Durante el encuentro, el presidente del Tribunal, Diego Lara, destacó la importancia de “profundizar el control como garantía de transparencia y responsabilidad en el manejo de fondos públicos”. También se abordaron aspectos vinculados a la capacitación de los equipos técnicos, la articulación con el Poder Judicial y la actualización de las pautas renditivas que rigen para los distintos actores del Estado provincial.
La nueva Acordada se enmarca en un proceso más amplio de modernización institucional, que incluye la digitalización de expedientes, la implementación de auditorías cruzadas y la participación activa en la Red Federal de Control Público. En definitiva, se trata de una apuesta por un control más eficaz, que no solo sancione, sino que también prevenga y oriente hacia una gestión pública más ordenada y confiable.
Este tipo de iniciativas, aunque técnicas, tienen un impacto directo en la calidad democrática. Porque cuando el control funciona, la ciudadanía gana.
Una nueva Acordada para reforzar el control: el Tribunal de Cuentas afina su lupa
