La noticia de que el Gobierno nacional no designó a ningún juez en los últimos dos años, mientras 83 magistrados renunciaron y el mapa de vacantes se expande, es más que un dato administrativo: es un síntoma de la fragilidad institucional que atraviesa al Poder Judicial.
La justicia argentina funciona con un déficit estructural que se agrava cuando las designaciones se paralizan. Cada vacante no cubierta significa expedientes demorados, audiencias postergadas y ciudadanos que esperan respuestas que nunca llegan. El agujero de vacantes no es solo un problema técnico: es un golpe directo a la credibilidad de un sistema que ya carga con la desconfianza social.
La renuncia de 83 jueces en dos años refleja también otro fenómeno: el desgaste de una magistratura que enfrenta presiones políticas, falta de recursos y un clima de incertidumbre. Sin reemplazos, los tribunales se convierten en territorios vacíos, donde la justicia se administra a medias y la impunidad gana terreno.
El Gobierno, al no avanzar en designaciones, deja en evidencia una tensión política que se traduce en parálisis institucional. La falta de consensos para cubrir cargos judiciales se convierte en una forma de bloqueo que afecta directamente a la ciudadanía. El Poder Judicial, ya cuestionado por su lentitud y su distancia con la realidad cotidiana, se ve aún más debilitado.
La pregunta de fondo es qué significa justicia en un país donde los jueces se van y no llegan reemplazos. La respuesta, por ahora, es que la justicia se convierte en un agujero negro: un espacio donde las causas se acumulan, las víctimas esperan y el Estado se ausenta.
