El debate por la venta de tierras a extranjeros sumó un nuevo capítulo con la ratificación de cambios en el proyecto de ley impulsado por el oficialismo. El ministro Federico Sturzenegger avaló las modificaciones acordadas con bloques aliados, en un intento de garantizar mayor consenso parlamentario.
Entre los puntos más relevantes, el texto preserva las facultades provinciales en la regulación de tierras, elimina la figura del silencio administrativo —que habilitaba la aprobación automática de trámites por falta de respuesta estatal— y establece un esquema más claro de control sobre las operaciones.
La iniciativa, que ya había generado tensiones entre Nación y provincias, volverá al Senado el 6 de agosto, donde se espera un debate intenso. El oficialismo confía en que los cambios introducidos permitan destrabar resistencias, aunque persisten las críticas de sectores que advierten sobre el riesgo de pérdida de soberanía territorial y el impacto en comunidades rurales.
El proyecto se presenta como un intento de modernizar el marco legal y atraer inversiones, pero también abre un terreno de disputa política y jurídica. La discusión sobre quién debe tener la última palabra en la administración de tierras refleja, en el fondo, la tensión histórica entre el poder central y las autonomías provinciales.
