En la política entrerriana hay relatos que se repiten como un mantra. Uno de los favoritos es el de la “asfixia financiera” de los municipios. El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, lo ha sostenido con firmeza: caída de la coparticipación, dificultades para sostener servicios básicos y una situación que califica de “insostenible”.

Pero los números oficiales —los decretos firmados por su propia administración— cuentan otra historia. Y cuando los números contradicen al relato, lo que corresponde no es repetirlo: es revisarlo.

El municipio inversor

Entre febrero y marzo de 2026, Villaguay consolidó un volumen de recursos que desmiente por completo la narrativa de crisis. Con plazos fijos en pesos y dólares, el municipio operó con más de $4.500 millones y 1,42 millones de dólares inmovilizados en bancos. Una política sostenida de acumulación y renovación mensual de excedentes que convierte al municipio en un actor financiero más que en un gestor de servicios públicos.

La falla en la motivación administrativa

Los decretos que autorizan estas inversiones exhiben considerandos pobres, sin informes técnicos ni análisis de oportunidad. Diferencias de tasas entre bancos —como el 35,75% en Macro frente al 32,50% en BERSA— carecen de explicación documentada. La motivación se reduce a una formalidad, debilitando el control de legalidad y de ética pública.

Superávit y ética pública

Los intereses ya generaron $194 millones en febrero, mientras los ingresos propios superan ampliamente la coparticipación. Sin embargo, obras esenciales —agua, gas, desagües, salas velatorias— registran ejecución cero. Bajo la Ley de Ética Pública, el municipio no puede comportarse como un fondo de inversión mientras posterga necesidades básicas.

El verdadero debate

El problema no es la falta de recursos, sino la decisión política de priorizar la renta financiera sobre la infraestructura comunitaria. La subejecución del 93% en obras públicas revela que los fondos existen, pero no se aplican donde más se necesitan.

Relato vs. realidad

La caída de la coparticipación es un dato real, pero en Villaguay funciona como excusa conveniente. El dinero está, pero se guarda en cajas de seguridad bancarias. La intendencia se convierte en tesorería de banco mientras el vecino espera agua, gas y obras.

La discusión ya no es contable: es política. Porque cuando un municipio puede elegir entre ejecutar obras o maximizar intereses, la pregunta es inevitable: ¿qué modelo de gestión se está construyendo en Villaguay?