La noche entrerriana volvió a ser escenario de violencia. Dos funcionarios policiales de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales “El Quebracho” ingresaron al hospital local con heridas de arma de fuego, tras ser atacados por un grupo de personas desconocidas mientras realizaban recorridas preventivas en la zona de corrales de un establecimiento rural sobre Avenida Circunvalación.
El diagnóstico médico fue claro: heridas penetrantes, proyectiles alojados sin orificio de salida, lesiones calificadas como leves. Pero lo que no es leve es el mensaje que deja este episodio: la ruralidad entrerriana se ha convertido en un territorio de riesgo, donde la violencia se expresa con armas y donde quienes deberían garantizar la seguridad terminan siendo víctimas.
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El ataque a los efectivos rurales no es un hecho aislado. Es síntoma de una trama más amplia: precariedad institucional, falta de recursos, ausencia de políticas de prevención y un Estado que llega tarde, siempre después del disparo.
La Fiscalía en turno dispuso actuaciones de oficio, secuestro de vestimentas para pericias, dermotest y la intervención del Gabinete de Policía Científica. Intervienen la Unidad Fiscal La Paz, la Jefatura Departamental, la Comisaría de Santa Elena y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales. La maquinaria institucional se activa, pero lo hace en clave reactiva, nunca preventiva.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué respaldo tienen los policías que patrullan de noche, en zonas alejadas, expuestos a emboscadas? ¿Qué garantías existen para que la prevención no se convierta en un riesgo personal extremo?
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La violencia rural interpela a toda la sociedad. No alcanza con pericias ni con sumarios. Se necesita una política integral que reconozca la ruralidad como espacio vulnerable y estratégico, que proteja a quienes nos protegen y que devuelva confianza a comunidades que hoy sienten que el Estado está ausente.
