El secretario Legal de la Gobernación, Esteban Vitor, se refirió al anuncio realizado ayer por el gobernador Rogelio Frigerio en la Cámara de Diputados, donde se declaró la nulidad de 770 contratos considerados lesivos para las arcas del Estado. Este paso busca avanzar en las gestiones para recuperar los fondos sustraídos mediante maniobras irregulares.
Vitor destacó que esta problemática no es nueva: “Esta cuestión de los contratos truchos no se acordó recién ayer el Gobernador. El día que asumió, ante la Asamblea Legislativa, mencionó su preocupación por esta situación y aseguró que se agotarían todas las medidas para recuperar lo robado. Esto está en línea con ese objetivo”.
Además, subrayó el compromiso de la gestión actual con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos: “Durante la campaña, el Gobernador fue enfático en que vinimos a cambiar las cosas, y ahora es distinto. No recuerdo un Gobernador con los Presidentes de las Cámaras al lado, no solo hablando de los contratos, sino también respondiendo sobre la nómina de los actuales contratados. Se ha reducido un 50% de los gastos. Esto va en línea con lo prometido: cumplir con la transparencia de los fondos, achicar al máximo el gasto improductivo del Estado y garantizar que se devuelva lo que se robaron”.
En diálogo con Radio La Voz, Vitor explicó que la decisión del Gobernador incluye solicitar a los Presidentes de las Cámaras que declaren nulos o inexistentes los contratos, o que adopten cualquier medida que permita a la Fiscalía de Estado accionar para recuperar los fondos. “En la Secretaría Legal y Técnica estudiamos la situación y le aconsejamos al Gobernador emitir un decreto para agilizar el proceso. Si esperamos la sentencia final, podrían pasar otros siete años. Estamos agotando todos los recursos administrativos, sin intervenir en la cuestión judicial. Tratamos de recuperar el dinero robado”.
Vitor enfatizó que la medida no busca interferir en el accionar judicial: “De ninguna manera queremos intervenir en la Justicia. Ayer el Gobernador fue enfático: nunca ha opinado sobre cuestiones jurídicas. En este caso, asumiendo su responsabilidad como Jefe de Estado provincial, instruyó al Fiscal de Estado para que, una vez declarados nulos o inexistentes los contratos, se recupere el dinero a la mayor brevedad posible. Esto es independiente de la acción judicial”.
