En medio de un clima nacional marcado por el ajuste y la licuación de ingresos, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decidió jugar fuerte: aumentó un 84,21% el haber mínimo jubilatorio provincial, que pasa de $380.000 a $700.000 mensuales, y anunció un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban hasta $1.300.000 mensuales.
La medida no solo posiciona a Córdoba como una de las provincias con los haberes mínimos más altos del país, sino que también marca un gesto político claro de diferenciación respecto al Gobierno nacional. Mientras la Casa Rosada promueve una reforma previsional que recorta derechos, Llaryora apuesta por reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.
El anuncio se da en el marco de un acuerdo judicial con la Nación, que comenzó a transferir fondos adeudados por la Caja de Jubilaciones cordobesa. Llaryora fue explícito: “Pelear por lo que le corresponde a Córdoba da resultados concretos”, y aseguró que el refuerzo se mantendrá mientras esos recursos sigan llegando.
Pero más allá de la disputa federal, el gesto tiene peso simbólico. En un país donde los jubilados suelen ser los primeros en pagar el costo del ajuste, Córdoba decide invertir en ellos. Y lo hace con una política focalizada, que beneficia a más de 18.000 personas, especialmente a quienes provienen de sectores con bajos ingresos previos al retiro, como empleados municipales del interior.
¿Es sostenible? ¿Es replicable? ¿Es una jugada electoral o una política de Estado? Las respuestas dependerán de la continuidad de los fondos nacionales y de la voluntad política de sostener el modelo. Pero lo cierto es que, por ahora, Córdoba ofrece una excepción en un país que parece haber naturalizado el recorte como única salida.
En tiempos de ajuste, el aumento jubilatorio cordobés no es solo una cifra: es una declaración de principios. Y en esa declaración, Llaryora se planta como un actor con vocación de autonomía, dispuesto a marcar agenda propia.
