La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), históricamente vinculada al desarrollo regional en el norte entrerriano, atraviesa una crisis institucional que va mucho más allá de una simple “reestructuración de personal”. Más de diez trabajadores ya fueron despedidos, y los empleados denuncian que semana a semana funcionarios del Gobierno provincial solicitan nuevos listados de nombres para dejar en la calle.
El comunicado público firmado por trabajadores con más de 15 y hasta 20 años de antigüedad en la institución no deja lugar a dudas: se sienten víctimas de un ajuste arbitrario, injusto y profundamente deshumanizante. La precarización laboral, que arrastran desde hace años, se ha profundizado en 2025 con contratos no renovados, despidos sin causa y una lógica de recorte que no distingue trayectoria ni función.
Lo más grave, según denuncian, es que mientras se despide personal con experiencia, se incorporan nuevos contratados que “no cumplen funciones dentro de la institución”. Es decir, se reemplaza trabajo real por cargos vacíos, en una maniobra que huele más a acomodo político que a eficiencia administrativa.
Desde la presidencia de CAFESG, Carlos Cecco confirmó el proceso de reestructuración y lo justificó en nombre de la “eficiencia del Estado”. Asegura que el organismo no puede destinar más del 80% de su presupuesto al pago de sueldos. Pero los trabajadores responden con datos: CAFESG paga sus salarios con fondos propios y no supera el 40% de su presupuesto en personal. ¿Dónde está entonces el criterio de eficiencia?
La paradoja es brutal: se despide a quienes sostienen el funcionamiento real del organismo, mientras se preservan o incorporan figuras sin tareas definidas. Y todo bajo el manto de una política de ajuste que, lejos de transparentarse, se ejecuta con listas negras y silencios cómplices.
CAFESG no es solo una oficina. Es un símbolo del desarrollo regional, una herramienta clave para obras, planificación y asistencia técnica en el norte de Entre Ríos. Vaciarla de contenido humano es vaciarla de sentido. Y hacerlo en nombre de la eficiencia es, como mínimo, una contradicción.
Los trabajadores no se oponen a que se generen nuevas fuentes de empleo. Lo que no aceptan —y con razón— es que esas nuevas fuentes se construyan sobre el despido de quienes ya sostienen el organismo con su trabajo cotidiano.
La reestructuración de CAFESG no es solo un problema administrativo. Es una señal política. Y como toda señal, merece ser leída con atención: cuando el ajuste se disfraza de eficiencia, lo que se esconde es una decisión de quién merece estar y quién no.
