Los recientes operativos realizados por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial (DGPSV) entre el 6 y el 9 de agosto en distintos puntos de Entre Ríos ofrecen una mirada concreta sobre el estado de circulación de bienes, animales y personas en la provincia. Más allá de los datos puntuales —mercadería sin documentación, alimentos sin certificación sanitaria, ganado sin trazabilidad, armas incautadas y casos de alcoholemia positiva— lo que emerge es una necesidad urgente: transformar los controles en parte de una política pública integral, sostenida y articulada.
La detección de golosinas y electrodomésticos de origen brasileño sin respaldo aduanero, el transporte de productos cárnicos sin certificación del SENASA, y el traslado de animales sin documentación sanitaria no son hechos aislados. Son manifestaciones de una economía informal que se desplaza por las rutas con naturalidad, y que encuentra en la falta de controles sistemáticos un terreno fértil para operar.
La intervención de organismos como la Aduana, la Dirección de Fiscalización y la Brigada de Delitos Rurales es necesaria, pero no suficiente. La fiscalización debe ir acompañada de una estrategia que contemple la prevención, la educación vial, el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad y la articulación con los sectores productivos. De lo contrario, los controles se convierten en acciones reactivas, incapaces de modificar las condiciones estructurales que los originan.
El dato de los 343 vehículos secuestrados, las 23 armas incautadas y las 58 personas detenidas en lo que va del año, así como los más de 45.000 vehículos que transitaron por la provincia entre el 7 y el 10 de agosto, hablan de una circulación intensa y de una tarea compleja. Pero también interpelan sobre la capacidad del Estado para sostener una presencia eficaz, no solo en los puestos camineros, sino en toda la cadena de control y fiscalización.
La Ley Provincial de Alcoholemia Cero, por ejemplo, representa un avance normativo importante. Sin embargo, su cumplimiento efectivo depende de la continuidad de los controles, de la formación de los agentes y de la conciencia ciudadana. Lo mismo ocurre con las leyes de carnes y sanidad animal: sin seguimiento, sin sanciones proporcionales y sin acompañamiento a los productores, se corre el riesgo de que la norma quede en letra muerta.
En definitiva, los operativos de agosto deben ser leídos como una señal de alerta. No basta con detectar infracciones: es necesario construir una política pública que las prevenga, que las sancione con justicia, y que fortalezca la legalidad como valor compartido. Entre Ríos tiene la oportunidad de convertir sus rutas en espacios de legalidad y trazabilidad. Para ello, el Estado debe estar presente no solo en los controles, sino en la planificación, en la articulación interinstitucional y en el compromiso con el bien común.
Editorial Controles viales en Entre Ríos: entre la fiscalización y la urgencia de una política integral
