La pérdida de 29.000 empleos privados formales en lo que va del año, según datos oficiales y relevamientos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Es el reflejo de una economía que, pese a mostrar signos de recuperación en algunos indicadores macro, continúa expulsando trabajadores en sectores clave como la industria, la construcción, el comercio y los servicios.
La lista de empresas que han reducido personal es extensa y diversa: desde gigantes como YPF, Vicentin, Acindar, Nissan, Scania y General Motors, hasta firmas alimenticias, textiles, metalúrgicas y tecnológicas. Algunas lo hacen por reestructuración, otras por caída de ventas, y muchas por la pérdida de competitividad frente a productos importados. El denominador común es el estancamiento de la actividad y la falta de incentivos para sostener el empleo formal.
Economistas de distintas corrientes coinciden en el diagnóstico: la apertura comercial, el atraso cambiario, la caída del consumo masivo y el encarecimiento del financiamiento han generado un entorno hostil para la producción nacional. Mientras algunos sectores como el agro o la extracción de hidrocarburos muestran dinamismo, su impacto en el empleo es limitado. La economía puede crecer, pero sin generar trabajo de calidad ni estabilidad laboral.
El fenómeno se agrava por la creciente informalidad. El aumento de monotributistas, autónomos y trabajadores de plataformas digitales (como Uber, Rappi o PedidosYa) compensa parcialmente la caída del empleo registrado, pero lo hace a costa de derechos laborales, seguridad social y estabilidad. El Estado, lejos de revertir esta tendencia, parece celebrarla: se han eliminado multas por trabajo no registrado y se promueve una flexibilización que erosiona la protección legal de los trabajadores.
La pérdida de empleo formal no solo afecta a quienes lo sufren directamente. Debilita el tejido social, reduce el consumo, deteriora la recaudación fiscal y profundiza la desigualdad. En este contexto, la política económica debería priorizar la generación de empleo genuino, con incentivos a la producción local, protección inteligente frente a las importaciones y financiamiento accesible para las pymes.
La motosierra no solo corta en el Estado. También lo hace en el sector privado, donde miles de trabajadores quedan fuera del sistema sin que se vislumbre una estrategia clara para revertir la tendencia. La economía puede crecer un 3,5% respecto de 2023, como señalan algunos analistas, pero si en ese camino se pierden 15.000 puestos de trabajo, el modelo está fallando.
El desafío es construir una economía que incluya, que genere empleo digno y que reconozca al trabajo como motor del desarrollo. De lo contrario, el rebote económico será apenas un espejismo, y la recuperación, una promesa incumplida.
