El Gobierno nacional oficializó esta semana un nuevo régimen que le permite al Estado conservar, administrar y disponer de los bienes secuestrados en operativos contra el crimen organizado, en causas penales de competencia nacional y federal. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N.º 575/2025 y ya está vigente.
Un giro en la política de decomisos
El nuevo sistema, denominado “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados”, busca fortalecer al Estado en la lucha contra redes delictivas. El objetivo declarado es claro: despojar a las organizaciones criminales de sus recursos materiales y convertir esos bienes en herramientas para el bien público.
Esto incluye desde vehículos y propiedades hasta joyas, dinero en efectivo y tecnología incautada en causas de narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y corrupción.
¿Qué cambia con este régimen?
Hasta ahora, la administración de estos bienes estaba a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Con el nuevo decreto, la responsabilidad pasa al Ministerio de Justicia, que crea un órgano específico: el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional.
Este consejo tendrá la tarea de:
• Supervisar el destino de los bienes incautados.
• Coordinar el manejo interinstitucional.
• Garantizar la legalidad y transparencia del proceso.
• Evaluar la posibilidad de venta anticipada cuando la conservación implique gastos excesivos.
¿Reparación o aprovechamiento?
Según el Ministerio de Justicia, el nuevo régimen permitirá reintegrar recursos mal habidos a la sociedad, con beneficios como:
• Financiar programas de prevención del delito.
• Reparar a víctimas de organizaciones criminales.
• Fortalecer la infraestructura judicial y tecnológica.
Pero también se abre un debate ético: ¿puede el Estado beneficiarse directamente de bienes obtenidos por el delito? ¿Qué garantías existen para evitar arbitrariedades, favoritismos o usos políticos de esos recursos?
Una medida en contexto
La expansión del crimen organizado en Argentina —especialmente en zonas como Rosario, el conurbano bonaerense y corredores fronterizos— ha obligado al Estado a repensar sus herramientas. El decreto reconoce que se trata de una “situación de excepcionalidad que no admite demora”.
En ese marco, el nuevo régimen aparece como una respuesta pragmática: si el delito acumula poder económico, el Estado debe recuperarlo y redireccionarlo. Pero la eficacia dependerá de la transparencia, la trazabilidad y la voluntad política de no convertir esta herramienta en una caja paralela.
