Este domingo, en jurisdicción de la Comisaría Primera de Concordia, una joven agente de la Policía de Entre Ríos, identificada como F.A.E., de 24 años, intentó quitarse la vida. El hecho, que se conoció públicamente el martes, se suma a una serie de episodios que exponen una realidad alarmante: el deterioro emocional dentro de la fuerza policial no es una excepción, es una tendencia.
Según fuentes confiables, la joven estaría atravesando un cuadro de depresión y ansiedad, posiblemente agravado por problemas económicos. En medio de un shock emocional, se autolesionó con un arma blanca. La información oficial es escasa, pero suficiente para encender las alarmas.
Una estadística que ya no sorprende
En lo que va del año, seis integrantes de la Policía de Entre Ríos han fallecido por suicidio. La mayoría eran jóvenes. El antecedente más reciente ocurrió el 5 de agosto en Paraná, cuando otra mujer policía se disparó con su arma reglamentaria frente al edificio del 911. A raíz de ese caso, se dispuso licencia obligatoria para todo el personal policial en la provincia, con el objetivo de prevenir nuevas tragedias. Pero los hechos demuestran que las medidas adoptadas hasta ahora no alcanzan.
Jornadas interminables, salarios insuficientes
En diálogo con medios locales, un suboficial de Concordia reveló que, para sostenerse económicamente, debe trabajar entre 15 y 16 horas diarias, sumando servicios adicionales para no caer en un salario de pobreza. La presión económica, sumada al desgaste físico y emocional, aparece como un factor que potencia el riesgo de crisis psicológicas.
La Policía de Entre Ríos no solo enfrenta el delito: enfrenta la precariedad laboral, la sobrecarga operativa y la falta de contención institucional. En muchos casos, los agentes son la primera línea de intervención en situaciones de violencia, abuso, suicidio o consumo problemático, sin contar con herramientas suficientes para procesar lo que viven.
¿Qué hace el Estado?
El gobierno provincial ha iniciado capacitaciones para que los efectivos puedan intervenir en crisis de salud mental en la vía pública. La formación se dicta en modalidad híbrida, con participación de más de 100 asistentes entre efectivos en funciones y aspirantes. El protocolo incluye articulación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio Público de la Defensa y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
El jefe de Policía, Claudio González, reconoció públicamente que el suicidio de la cabo Eloísa Holotte lo golpeó profundamente. En entrevistas radiales, explicó que se están incorporando psicólogos, líneas telefónicas de asistencia y espacios de recreación. Pero también admitió que “somos muy cerrados” y que falta mucho por hacer.
¿Qué falta?
Falta una política integral de salud mental que no se limite a capacitaciones puntuales. Falta revisar las condiciones laborales, los horarios, los salarios y el acceso real a asistencia psicológica. Falta romper el silencio institucional que muchas veces convierte el sufrimiento en vergüenza.
La salud mental no puede ser un tema periférico en una fuerza que trabaja bajo presión constante. No puede ser abordada solo desde la emergencia. Requiere prevención, seguimiento, escucha y recursos.
¿Y la sociedad?
La ciudadanía también tiene un rol. La imagen del policía como figura autoritaria muchas veces impide ver al ser humano detrás del uniforme. Pero cuando una joven de 24 años se autolesiona en su lugar de trabajo, el mensaje es claro: algo está fallando. Y no es solo individual.
